El Obispo de Battambang (Camboya), Mons. Enrique Figaredo Alvargonzales, denunció que en España se produce y comercializa bombas racimo y recordó que la falta de transparencia de este comercio hace "prácticamente imposible" saber quiénes son los receptores de estas armas.

En un comunicado por su próxima visita a España, su tierra natal, el Prelado afirmó que el Gobierno de este país "cree conveniente su producción (de las bombas racimo) para mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas", lo que a su juicio "resulta incongruente con su participación en las iniciativas internacionales en contra de la proliferación de armas", como la Declaración de Oslo, que suscribió en febrero.

Mons. Figaredo consideró "ambiguo" que por un lado el Parlamento español haya aprobado una ley que pretende aumentar los controles en la comercialización de todo tipo de armas, y por otro lado, no se luche contra las bombas racimo.

Luego de diez años del Tratado de Ottawa; que prohíbe la fabricación, uso, venta y almacenaje de minas antipersona, entre las que destacan las bombas racimo, Camboya continúa sufriendo las consecuencias de estas armas y es un ejemplo histórico y actual del efecto destructor y pernicioso de las mismas, refirió el Prelado.

Las bombas de racimo, lanzadas desde el aire o a través de sistemas de artillería, son capaces de dispersar cientos de pequeñas submuniciones sobre un área que puede alcanzar varios kilómetros cuadrados, lo que hace imposible controlar de forma precisa el lugar de su caída, acotó Mons. Figaredo y agregó que según datos de la Coalición Contra el uso de las Municiones de Racimo (CMC) varias empresas en España están relacionadas con la producción y distribución de este tipo de armas.

La Declaración de Oslo, firmada el 23 de febrero de este año, compromete a los 46 países suscriptores a culminar en 2008 el proceso para la consecución de un tratado que prohíba las bombas racimo o de fragmentación. España, al igual que hizo en 1997 al suscribir el Tratado de Ottawa, se sumó a este acuerdo.