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El último ataque de la Junta de Andalucía al profesorado de Religión supone una seria amenaza a la estabilidad laboral de dos mil familias en la comunidad. El Gobierno andaluz declaró la guerra a este colectivo hace años por razones estrictamente ideológicas y ni la ley ni los tribunales, pese a las sentencias favorables, frenan por ahora su acoso. El objetivo: sacar la asignatura de las aulas. El pasado viernes, los representantes de ANPE, CSIF y USO, las tres organizaciones sindicales que trabajan desde la intersindical por el profesorado de Religión, pusieron en común las últimas incidencias laborales en el sector y acordaron solicitar por escrito una reunión al Ministerio de Educación para reclamar un encuentro en el que abordar la situación del profesorado al que representan.

«Alarma social»

«Son muchas las noticias que salen en prensa creando alarma social en nuestro sector y consideramos obligado por parte del Ministerio evitar el malestar que se está creando entre el profesorado y convocar urgentemente a los representantes de los trabajadores para juntos abordar soluciones a la grave situación creada», exponen desde ANPE.

Conscientes de la dificultad que entraña que el Gobierno de España, hoy del mismo color político que el andaluz, muestra comprensión con la situación, no descartan «tomar medidas de presión social en la calle y las acciones que consideremos oportunas si no se atiende a nuestras peticiones de diálogo».

Lejos de provocar una reflexión dialogada con las partes implicadas, las decisiones judiciales que tumbaron las normas impuestas por la Consejería de Educación para reducir la carga lectiva de la Religión a partir de 2015 y 2016 en los centros educativos de Primaria y Secundaria han provocado que el Gobierno andaluz reaccione con más fuerza si cabe y diseñe un golpe casi definitivo al futuro de esta asignatura en colegios e institutos, con la consiguiente factura laboral. Los nuevos proyectos de orden que desarrollan los currículos de ambas etapas educativas reducen a la mínima expresión –la obligada por ley– la carga horaria, una sesión semanal de 45 minutos, y en el caso de Primaria elimina la opción ofrecida a la dirección de los colegios para ampliarla en el ejercicio de su propia autonomía, como ha sucedido en los últimos cursos, atendiendo a una demanda de las propias familias.

Todos los sindicatos con representación han presentado las correspondientes alegaciones sin que por ahora hayan obtenido respuesta.

El TSJA tumbó las anteriores órdenes atendiendo a defectos de forma, pero sin entrar de lleno en el fondo del asunto. La Consejería de Educación, que no tiene transferidas las competencias del profesorado de Primaria, provocó en 2015 que se iniciaran anomalías en los horarios –profesores sin la carga horaria de sus contratos– y el Estado, el pagador, decidió mantener los contratos a la espera de conocer en qué medida afectaba la reducción.

Ajustes de horarios

A lo largo de este verano ya se han corregido y ajustado muchos de esos contratos. La Junta, culpable de este desaguisado, va a facilitar ahora al Ministerio la información de cada profesorado y su horario real, que depende de cada centro. La cuestión, no obstante, se centra en la decisión de reducir uniformemente a 45 minutos –sólo el 5% de los colegios optó por esta opción– la carga horaria a partir del curso 2019-20, lo que podría acarrear que las condiciones laborales del colectivo en su conjunto se precaricen aún más.