Este miércoles se ha aprobado en el Senado de España la nueva ley orgánica de Educación, promovida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Después de llegar en junio al Congreso de los Diputados se ha enfrentado al trámite de enmiendas y a la oposición frontal de los partidos del arco de la derecha, que la tachan de una ley ideológica.
Tras su aprobación pasará a ser la octava norma educativa de la democracia en España, en tan solo 42 años. Y, aunque una de las críticas más utilizadas por sus detractores es su aprobación sin consenso, en este sentido, sigue el camino de sus predecesoras, como, por ejemplo, la ley Wert, que ahora se deroga, que fue aprobada en 2013 tan solo con el apoyo del grupo parlamentario del Partido Popular, entonces en el Gobierno.
Este último trámite ha tenido lugar después de que el pasado 26 de noviembre fuera aprobada por el Congreso con 177 votos favorables (uno más de la mayoría absoluta) del Partido Socialista (PSOE), Unidas Podemos (UP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Más País.
Las mayores polémicas durante la tramitación de esta ley han girado en torno a la lengua castellana, a la primacía de la educación pública sobre la concertada (centros privados que reciben financiación pública) a la nueva situación de la educación especial y a la asignatura de religión.
El castellano deja de ser lengua vehicular
Los partidos conservadores Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos han hecho caballo de batalla de la eliminación de la referencia al castellano como lengua vehicular. Sin embargo, se trata de un concepto que se introdujo en la legislación educativa tan solo a partir de 2013, con la ley Wert.
Se trata de una cuestión que tiene como foco sobre todo Cataluña y su inmersión lingüística en catalán y que ha sido utilizado en la última década por partidos nacionales de derechas para sacar rédito electoral en el resto del Estado, sobre todo en el marco del conflicto irresoluto sobre el marco territorial con los partidos independentistas.
La nueva normativa, al igual que sus predecesoras, establece la obligatoriedad de que los alumnos dominen tanto el castellano como la lengua cooficial en los territorios que la tienen.
Apuesta por la educación pública
La segunda pata de la polémica que arrastra esta nueva normativa es la clara apuesta por la educación pública en detrimento de la educación concertada. A este respecto, la ley Celaá elimina el concepto de 'demanda social' utilizado hasta ahora para la apertura de nuevos centros, que favorecía la proliferación de los concertados, y a partir de ahora su apertura se basará en el censo de población.
Asimismo, impone la prohibición, que ya existía pero era ampliamente incumplida, de que estos centros privados financiados con fondos públicos perciban cuotas de las familias o les impongan aportaciones a fundaciones o asociaciones.
Además, se establece que los municipios deberán colaborar en la obtención de solares para la construcción de centros públicos y que no podrá concederse estos terrenos públicos a empresas educativas privadas.
La integración de la educación especial
La cuestión que ha suscitado un mayor cuestionamiento por partidos de la oposición así como una mayor movilización por parte de algunos sectores de familias ha sido la educación especial.
La nueva ley orgánica establece que en un plazo de diez años los centros ordinarios deberán tener los recursos adecuados para atender alumnado con discapacidad, mientras que las administraciones prestarán apoyo a los centros de educación especial para aquellos alumnos que requieren atención muy especializada.
Así, la norma pretende avanzar en la educación inclusiva y no segregada, que era una antigua reclamación de muchas asociaciones de familias de alumnos con necesidades especiales, y que las escuelas de educación especial se conviertan en proveedoras de recursos.
Sin embargo, la norma no dice nada de cerrar los centros de educación especial existentes, sino que la crítica viene del miedo a que ésta sea una consecuencia de la aplicación de la ley. Por este motivo, han tenido lugar diversas manifestaciones de protesta, en su mayoría en coche con motivo de la situación de pandemia, en las últimas semanas.
La religión: de oferta obligatoria pero voluntaria para las familias
La asignatura de religión ha sido la última de las polémicas a la que ha hecho frente el desarrollo de esta legislación. Será ofertada de manera obligatoria en los centros docentes, pero voluntaria para las familias. Sin embargo, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa para los alumnos que no opten por ella.
Además, la nota de esta materia no contará para realizar medias utilizadas para procesos de acceso universitario o la concesión de becas. La ley Wert introdujo que la religión sí contara para esas medias como medio para dar un empujón al incremento de sus alumnos, debido a que muchas familias apuntaban a sus hijos a esta asignatura, que era considerada como muy fácil, con el único objetivo de subir sus medias curriculares.
La Iglesia Católica en España ha tomado como un ataque a su religión tanto este tratamiento a su asignatura doctrinal, como la nueva situación de la educación concertada, en la que los centros educativos pertenecientes a esta iglesia son mayoritarios.
La presencia de la religión católica en los colegios españoles es fruto de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado firmados en 1979, aunque desde entonces el Estado español ha firmado acuerdos con otras cuatro confesiones, por lo que en ningún momento se ha planteado eliminar la obligatoriedad de su oferta en los centros públicos.
¿Por qué el cambio ahora?
Tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, las dos fuerzas políticas integrantes de la coalición de Gobierno, tenían la derogación de la ley Wert en sus programas electorales.
La ley que ahora se anula fue ampliamente contestada cuando se implementó por sectores de la izquierda y de familias y dio lugar a un amplio movimiento denominado marea verde, en defensa de la educación pública.
La cesión de suelo público de forma gratuita a organizaciones sin currículo académico para el levantamiento de centros concertados, la apuesta por este tipo de enseñanzas o la situación de la religión católica en los colegios, con profesores elegidos por la Iglesia sin oposición y pagados con fondos públicos, eran algunas de las principales cuestiones que se querían rectificar.
Tras la aprobación del Senado, que no ha tocado ni una sola coma al texto que salió del Congreso el mes pasado, ahora la nueva Ley Orgánica entrará en vigor dentro de 20 días.
¿Cuáles son las otras novedades qué introduce?
Además de las ya citadas, la nueva ley introduce un buen puñado de novedades, que se vehiculan alrededor de la defensa de la escuela pública y laica. Algunas de las principales modificaciones que presenta son las siguientes:
- La defensa de la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo.
- En cuanto al currículo, el Ministerio de Educación fijará los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas del 50 % de los horarios para regiones con una lengua cooficial, y el 60 % para el resto.
- En Primaria y Secundaria se podrá implantar la enseñanza no confesional de la cultura de las religiones.
- Los valores cívicos y éticos se impartirán a finales de Primaria y en Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad de género, la diversidad, el desarrollo sostenible y la cultura de la paz y la no violencia. También se prestará atención al valor social de los impuestos y la justicia fiscal.
- Ningún centro que segregue a los alumnos por sexo podrá ser financiado con fondos públicos.
- Se promoverá el aumento de las plazas públicas 0-3 años y la existencia de centros públicos que incorporen Educación Infantil con otras etapas educativas.
- La repetición de curso será excepcional (se podrá promocionar con una o dos materias suspensas) y solo se podrá producir dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.
- La educación afectivo-sexual se implantará de manera transversal desde Primaria.
- Se impulsará el aumento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y de alumnos en estudios con presencia mayoritaria de mujeres.
- El Gobierno regulará la formación inicial y permanente, así como el acceso y desarrollo a la profesión docente. Podrán ser removidos de su puesto los docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones o una notoria falta de rendimiento.
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