La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, explicó este miércoles que cambiará la Lomce para modificar la oferta de la asignatura de Religión, que pasará a ser "una oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos".
Así lo dijo en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado socialista Guillermo Antonio Meijón sobre cómo mejorará el Gobierno la competencia social y cívica del alumnado no universitario. A cambio, Celaá impulsará una materia obligatoria de Valores Cívicos para Primaria y Secundaria, "porque lo que necesitamos son jóvenes críticos, libres y solidarios".
"Nuestro objetivo es educar ciudadanos críticos, libres, que sean capaces de instalarse constantemente en el tiempo y en el espacio, ciudadanos jóvenes que sean capaces de estar eventualmente en el Gobierno y en la oposición, capaces de resistir totalitarismos y populismos, y de no abuchear, no boicotear, sencillamente de hacer políticas alternativas", expuso.
Todo ello, aseveró, es lo que el Gobierno trata de hacer en la escuela: "Y lo vamos a hacer modificando la Lomce". La ministra subrayó que con la citada ley educativa promovida por el Gobierno del PP "teníamos alumnos religiosos o alumnos éticos", en referencia a la oferta de Religión y de valores éticos y culturales, "una situación no vista en ningún lugar de Europa", lamentó.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En respuesta a una pregunta de otra diputada, la parlamentaria del Grupo Popular por León Carmen González Guinda, sobre cómo la ministra fomentará la igualdad de oportunidades en la educación, Celaá lamentó que "el gran problema" de la educación en España es que el índice socioeconómico sea "el gran predictor de los resultados" y que los alumnos "reproduzcan las desigualdades heredadas de sus padres".
Sin embargo, la responsable de Educación se defendió de la crítica de la diputada de que en España "hay educación de dos o tres velocidades" subrayando que, a pesar de las competencias autonómicas, hay "elementos de cohesión". Finalmente, Celaá pidió a diputados y agentes sociales "trabajar en complicidad" para fomentar la igualdad de oportunidades y la equidad educativa.
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