(CEUTA Y MELILLA- TERRITORIO MEFP) Los profesores de Religión sólo darán sus clases y cobrarán un 10% de horas más

Los Servicios Centrales del Ministerio ajustan a “la legalidad” su régimen laboral. CCOO estudia tomar acciones judiciales

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Los alrededor de treinta docentes de Religión cristiana o islámica que trabajan en los colegios e institutos de Ceuta han pasado ya por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) para conocer en qué medida se han recortado sus contratos para el curso que acaba de comenzar con la eliminación del párrafo que, en las Instrucciones para el comienzo del año escolar, establecía en los últimos años que podría compensar las horas lectivas semanales que perdiese “por motivos de planificación educativa” haciendo otros trabajos como guardias de recreos o sustitución del profesorado ausente en actividades no lectivas.

Los Servicios Centrales del Ministerio han eliminado esa posibilidad al entender que era “irregular” y que se salía del marco legal en el que encajan los docentes de Religión, que este año académico se limitarán a impartir las clases de su materia.

La Dirección Provincial ha revisado el cómputo de horas lectivas de cada profesor que cada centro ha remitido a Madrid con el fin de cerciorarse de que su cuantificación “es correcta” pese a que FECCOO había denunciado que en algunos casos llevaban incorporados los recreos y en otros no (2,5 horas semanales).

El Ministerio ha planteado a cada profesor un nuevo contrato limitado a sus horas de clase que incorporará el abono de un 10% más que aproximadamente se equipara a la realización de trabajos como atender recreos o asistir a reuniones de evaluación.

Los más perjudicados por el cambio de criterio han sido los docentes de Religión cristiana debido a la tendencia demográfica que reduce cada vez más el número de estudiantes de esa confesión que la eligen como asignatura.

CCOO sigue disconforme con el modo de proceder de la Administración, contra la que no descarta incluso la adopción de medidas judiciales por no haber negociado “ni comunicado siquiera” a los representantes sindicales las modificaciones que pensaba introducir en esos contratos, que a juicio de la central “sí son sustanciales”. También está analizando si las modificaciones aplicadas pueden implementarse una vez comenzado el curso y si el cálculo de horas lectivas se ha efectuado correctamente.

El director provincial, Javier Martínez, tildó este martes de “canallada” que el sindicato “culpe a la Dirección Provincial de una decisión adoptada, reclamada y ejecutada por los Servicios Centrales del Ministerio para corregir una situación ilegal como la preexistente con este profesorado”.

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