La ministra de Educación y Formación Profesional ha asegurado en un congreso de Escuelas Católicas con más de 2.000 asistentes que el derecho de los padres a elegir centro así como la educación religiosa para sus hijos no emana de la libertad de enseñanza contemplada en el artículo 27 de la Constitución.
También ha anunciado que tiene intención de que la «Ley Celaá» sea finalmente aprobada.
Isabel Celaá casi se queda sin discurso. Estaba concluyendo su intervención en el XV Congreso de Escuelas Católicas (EC) cuando la multitud allí reunida (más de 2.000 personas) empezó a murmurar y a despegarse del asiento ante lo que acababa de escuchar. No fue un abucheo, pero casi. La ministra de Educación y Formación Profesional dijo que la libertad de los padres de elegir centro y la enseñanza religiosa para sus hijos no emana de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española. «De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen pero no son emenación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española». La indignación fue inmediata. Pero no solo porque se trató de un claro ataque a la concertada sino por la contradicción y falta de solidez de su mensaje.
Las leyes educativas aprobadas por el propio PSOE como la LODE (1985) o la LOE (2006) reconocen el derecho de los padres a elegir centro. La primera lo hace, concretamente, en el artículo 4.b. La segunda, en el artículo 84.1. Por si esta contradicción no fuera suficiente, tanto la LODE como la LOE están en vigor y es esta última la que la propia Celaá pretende mantener (con algunos cambios) con su nueva ley, la LOMLOE, más conocida como «Ley Celaá» y con la que se pretende derogar la LOMCE o «Ley Wert». De ahí la incomprensión ante las palabras de la ministra, que algunos interpretan como un posible giro político, en la línea de reducir dichos derechos de los padres para agradar a partidos que defienden una educación única, pública y laica como Podemos.
El otro problema con las declaraciones de la ministra es que los argumentos que usó para sostenerlas no son sólidos. «De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981», dijo Celaá. Esta sentencia versa sobre una ley educativa, la LOECE, que no llegó a implantarse.
Además, el fallo sí reconoce el derecho a la elección de centro aunque no explícitamente (a sensu contrario). Dice que los centros públicos tienen que ser «neutros» porque aquellos padres que «por decisión libre o forzados por las circunstancias» no han podido elegir centro no tienen por qué sufrir «una orientación ideológica determinada y explícita».
El Ministerio de Educación envió un comunicado a última hora de este jueves intentanto dar explicaciones sobre las declaraciones de la ministra. Educación especifica que se centran en otro apartado de la sentencia que dice que «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente».
Tras la sentencia de 1981, el Constitucional ha ido enriqueciendo en sucesivas sentencias la interpretación sobre la libertad de elección de centro. La última, del 10 de abril de 2018 señala que existe una «indudable interacción» entre el derecho a establecer un ideario propio de los centros «con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos». También se pronunció al respecto el TS, por ejemplo, en una sentencia del 25 de mayo de 2016. En cuanto a la libertad de enseñanza religiosa que Celaá también niega que exista en el artículo 27, está reconocida en su apartado 3.
Las palabras de Celaá causaron mucha preocupación a Escuelas Católicas, organizadores del evento y quienes invitaron a intervenir a Celaá. «Ante el comunicado del ministerio me pregunto por qué esta insistencia en probar que el derecho de los padres a elegir centro no es un derecho constitucional. ¿Se están planteando restringir este derecho reconocido en las propias leyes socialistas?», criticó Luis Centeno, secretario general adjunto de EC. Centeno recordó que los centros concertados situados en la Comunidad Valenciana y en Aragón han sufrido en los últimos años el acoso de gobiernos conjuntos entre PSOE y Podemos-Compromís.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado dijo en su cuenta de Twitter que Sánchez «debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si éste es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología».
«Que se vaya, no vale»
Los obispos españoles advirtieron de que si las palabras de la ministra no han sido un «lapsus», supondrían «un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza», subrayó el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.
Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), dijo que Celaá «se vaya, que no vale para ministra». «Es una ataque gratuito a la libertad de educación y a la libertad de los padres». Paco García, presidente de CCOO fue uno de los pocos que apoyó a la ministra y dijo que hizo una interpretación «ajustada» del artículo 27 de la CE.
Celaá quiso sustentar sus palabras analizando el contenido de la libertad de enseñanza «más allá de los contenidos que se le han venido atribuyendo». A su juicio, el estudio de la Constitución Española «despojada de prejuicios ideológicos ofrece una pluralidad de contenidos sobre la proclamación de la libertad de enseñanza que implica la imposiblidad de una monpolio educativo por parte del Estado, la libertad de creación de centros por parte de particulares, y la libertad de cátedra».
Además, la ministra también ha recordado que «la educación es un derecho fundamental que exige la obligación de los poderes públicos de garantizarlo y que es un derecho que se tiene por el mero hecho de estar sometido a la Constitución».
Tramitación de la «Ley Celaá»
Por otro lado, la ministra ha anunciado que tiene el objetivo de sacar adelante la conocida como «Ley Celaá». Se trata del anteproyecto de ley educativa que elimina la Lomce y que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero pero que quedó paralizada por la convocatoria de elecciones. Celaá aprovechó su intervención en el congreso para escozar las líneas generales de la ley cuyo contenido parece no distar de la que se llevó en su día al Consejo de Ministros.
«Se trata de una ley educativa que adopta el enfoque de derechos de la infancia y que va a plantear una mayor personalización del aprendizaje en una dinámica de mejora de los centros». También ha señalado que reconocerá la importancia de atender al desarrollo sostenible, los Derechos Humanos y la educación intercultural y que incluirá un enfoque trasnversal de igualdad de género, una perspectiva inclusiva y no sexista y reforzará la formación inicial y continua de los profesores.
«La escuela ayuda a ser a los hombres y mujeres»
Al Congreso de Escuelas Católicas, que este año se ha centrado en los docentes y ha escogido el lema «Educar para dar vida, también ha asistido Carlos Osoro, cardenal de Madrid que ha asegurado que «si se pierde la raíz de comunión con la vida, la escuela de convertirá en filtro y freno en lugar de ser trampolín que lanza al hombre y mujer a la totalidad abierta, a la propia identidad«.
Osoro tambén ha afirmado que «la escuela ayuda a ser a los hombres y mujeres, a protagonizar el destino del hombre, a asumir la propia historia personal y colectiva, tanto en relación con la naturaleza, con la sociedad y con Dios«. Además, ha recordado que la escuela cumple su funcion a través de tres realidades: instrucción, formación y educación. »Esas tres realidaes que aporta la escuela las da el profesor«, ha recordado.
Por su parte, Jose María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, ha recordado también que es innegable el papel del profesor en la actividad educativa escolar. «Si la educación es relación, comunicación, ellos son los que llevan a la práctica esa misión y dan vida a los proyectos educativos».
También se preguntó por el papel de los docentes ante los desafíos actuales: «¿Siguen siendo la principal fuente de información para niños y jóvenes o deben ser solo orientadores de la búsqueda que hacen los alumnos según sus propios intereses? ¿Deben contagiar valores? ¿Cuáles?». Las respuestas a estas preguntas, sostuvo Alvira, se encuentran en el papel de la institución escolar, que, a su vez, genera nuevas preguntas: «¿Sigue siendo la institución escolar la encargada de forma a los alumnos de forma crítica? ¿Debe la escuela asumir el papel para equilibrar las diferencias sociales de partida? ¿Por qué se mira de reojo de qué bando proceden als propuestas para llevarlas a cabo o no?».
Estas y otras preguntas se intentarán responder en el congreso que se extenderá hasta el próximo sábado.
Fuente: abc.es
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