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El Gobierno revisará de forma "urgente" varios artículos de la 'ley Wert' y revertirá los recortes en la escuela que introdujo el Partido Popular en 2012. La Religión, caballo de batalla de la oposición al Ejecutivo popular en los últimos años, dejará de ser computable y no tendrá ninguna alternativa. Y se implantará una asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos, "centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas".

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno,Isabel Celaá, se estrenaba este miércoles en el Congreso, adonde acudió para explicar las líneas maestras de su departamento y para ofrecer "colaboración y diálogo abierto" a todos los grupos, puesto que la educación "es una prioridad" si se quiere "ganar el futuro" y "nadie tiene la solución completa".

La parte troncal de su exposición gravitó en torno a las modificaciones previstas de la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada por el PP, que contó con el rechazo de toda la oposición y que incendió las aulas y las calles. El Gobierno reformará los artículos 122, 127 y 135 de la norma para recuperar la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros públicos y concertados. Además, se cambiará la forma de selección de los directores de los centros públicos. Se derogarán los itinerarios "segregadores" a partir de los 13 años que imponía la Lomce, que "condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento".

Se recuperará la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares y se derogarán los itinerarios segregadores a partir de los 13 años

Y se suprimirán las denostadas reválidas contempladas en la ley vigente (el anterior titular del departamento, Íñigo Méndez de Vigo, las paralizó). Se recuperarán los Programas de Diversificación Curriculular, que apoyaban a los alumnos con más dificultades de rendimiento. No obstante, se retomarán las evaluaciones diagnósticas: en concreto, en cuarto de Primaria y en segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para así analizar planes para la mejora de los centros, en colaboración con las comunidades autónomas. No se puede derogar por completo la Lomce, como le pidieron algunos grupos, porque no es una "ley sustantiva", ya que descansa en otras leyes orgánicas, pero lo que sí se tocarán serán aspectos importantes, como los citados que "vulneran la igualdad de oportunidades" y son "perturbadores", razonó.

Lo dice la Declaración de París

Celaá también anunció cambios en la asignatura de Religión, concebida de manera injusta por el exministro José Ignacio Wert, aseguró. La materia, a partir de ahora, "no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura-espejo como hasta ahora", porque la libertad de unos a cursar Religión no puede "conllevar" para otros la obligación de estudiar otra materia. Esto quiere decir, en definitiva, que Religión ya no contará para la media, ni importará para el expediente ni será tenida en cuenta para el acceso a las becas. Será de oferta obligatoria para los centros y de inscripción voluntaria para los alumnos.

La nueva materia no ha de ser polémica porque la educación ha de fomentar "los valores de libertad y ciudadanía, de tolerancia y de no discriminación"

La ministra propone así la creación de una asignatura "obligatoria" de Valores Cívicos y Éticos, "centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas". Argumentó que la Declaración de París de marzo de 2015, asumida por los 28 Estados miembros de la UE (y por tanto por España) establece que la educación ha de fomentar "los valores comunes de libertad y ciudadanía, de tolerancia y de no discriminación como pilares fundamentales de la democracia".

El ministerio prefiere no hablar de recuperación de la malograda Educación para la Ciudadanía, que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el PP descalificó y suprimió con la Lomce (2013) porque, a su juicio, "adoctrinaba" a los chavales. No quiere ni retomar el nombre si eso es objeto de "diatriba". Aún quiere discutir el contenido exacto de la nueva materia con la comunidad educativa. La introducción de una materia como Valores Cívicos y Éticos "no debe ser objeto de polémica alguna a estas alturas y menos cuando en toda Europa lleva años formando parte del currículum".

La red pública tendrá preeminencia

Celaá defendió la escuela pública como "eje vertebrador del sistema". Partiendo de esa premisa, se modificará el artículo 109.2 de la LOMCE, por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada "demanda social". Algo que para la ministra en un "eufemismo", pues ha servido para "propiciar en algunos casos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada". "La red pública tendrá preeminencia, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización". Para el Gabinete de Pedro Sánchez, no obstante, la red concertada cubre una función social y la "inmensa mayoría" de estas escuelas "cumple con sus obligaciones y fines sociales, fortaleciendo el sistema".

El Ejecutivo abrirá un "tiempo de diálogo" con los centros concertados que segregan entre niños y niñas para intentar "acordar" un modelo "igualitario"

El Ejecutivo abrirá un "tiempo de diálogo" con los centros concertados que segregan entre niños y niñas para intentar "acordar" un modelo "igualitario". La separación por sexos "contraviene los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación". No obstante, son "muy pocos" los centros que diferencian a sus alumnos por género. Celaá, tras la intervención de la portavoz del PP, Sandra Moneo, reconoció que una sentencia del Tribunal Constitucional permite la educación segregada, pero eso no quiere decir, alegó, que la mixta no lo sea, y en todo caso el Ejecutivo está convencido de que la coeducación "da muchísimos mejores resultados".

La ministra adelantó que el Gobierno acabará con el real decreto ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que afecta a las enseñanzas no universitarias. Así, revertirá medidas como el aumento del número de alumnos por aula, el incremento de la jornada lectiva de los profesores y el plazo de 10 días para su sustitución. Esto irá ligado al crecimiento de la "inversión en la formación permanente del profesorado y en la investigación e innovación educativa".

Un Número de Identificación del Alumno

El ministerio creará el Número de Identificación del Alumno como medida censal para profundizar en la trayectoria individual y para "personalizar las respuestas del sistema" contra el abandono escolar temprano, además de para conocer la composición socioeconómica de los centros. Esta iniciativa, subrayó, ya ha sido introducida en otros países. Para el Ejecutivo, cabe el peligro de que, una vez pasada la crisis económica, el mercado laboral vuelva a atraer a jóvenes sin titulación posobligatoria para desempeñar trabajos no cualificados, No se puede "caer en el mismo error", de ahí que una de las recetas sea este Número de Identificación del Alumno, que ha dado buenos resultados en otros Estados.

Uno de los retos es el combate al abandono escolar temprano, para lo que se pondrá en marcha un paquete de medidas, y se impulsará la FP

Celaá subrayó que el principal desafío de su departamento es, precisamente, el abandono escolar temprano, el que se produce nada más cursar la educación obligatoria y que varía notablemente entre comunidades (del 26% en Baleares al 7% en el País Vasco). Entre las medidas incluidas en el paquete figura la lucha contra la pobreza infantil, con el apoyo de becas y ayudas, en colaboración con el Alto Comisionado dedicado a esta misión que dirige Luisa Carcedo, así como acordar con empresarios y sindicatos fórmulas más flexibles para que los jóvenes puedan compatibilizar empleo y formación.

Con este objetivo, se hará una firme "apuesta por la Formación Profesional como motor del cambio del modelo productivo". Se modernizará la FP mediante un "amplio acuerdo" adatado a las necesidades de la nueva economía y diseñando una oferta única, integrada y flexible. "Es el momento de integrar los dos subsistemas de FP: el del sistema educativo y la formación para el empleo, con la coordinación en su regulación con el Ministerio de Trabajo y con la participación de agentes sociales, empresarios y sindicatos". Así, se diseñará, con el "máximo consenso", una Ley de Formación Profesional en la que se vinculen políticas de educación, FP, empleo y desarrollo económico.

Lograr una educación infantil "asequible" será una prioridad para el Gobierno. Y por eso el ministerio "impulsará un programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas en educación de 0 a 3 años", que incluirá la dotación de recursos para planes de apoyo y orientación a los padres y madres. Estos estarán dirigidos a las familias con las rentas más bajas. Se diseñará en coordinación, de nuevo, con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. A partir de septiembre se pondrá en marcha el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio, en el que participarán los agentes de la comunidad educativa. El objetivo es "revisar el modelo para hacerlo más justo y equitativo".

Fuente: elconfidencial.com