El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, y el presidente de la Comisión de Enseñanza de la CEE, Cesar Augusto Franco, se reunirán este jueves 23 de julio con el nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para pedirle que cumpla los Acuerdos firmados entre la Iglesia y el Estado en lo que se refiere a la asignatura de Religión que, a su juicio, con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha quedado reducida en horas y no será de oferta obligatoria en Bachillerato.
"Vamos a recordarle el marco constitucional y el tratamiento adecuado a la enseñanza religiosa escolar, que no se está dando en estos momentos", ha precisado Gil Tamayo en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha añadido que este marco no se cumple ni en lo que se refiere al derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, ni en lo que respecta a los Acuerdos Iglesia-Estado, que reconocen el "carácter fundamental" de la asignatura de Religión.
Además, el portavoz de los obispos ha indicado que tampoco están de acuerdo con la reducción horaria de la materia en la LOMCE y ha recordado que ya son varios los arzobispados que han llevado el caso a los tribunales de Justicia, como el de Baleares o el de Oviedo. También lo van a plantear, según ha añadido, los arzobispados de sevilla y Granada. "Hay un descontento con respecto al tratamiento de la asignatura", ha matizado.
En todo caso, ha puntualizado que este tratamiento que hace la LOMCE de la Religión no solo conlleva la disminución de las horas sino también el hecho de que la asignatura no se oferte en Bachillerato cuando, en realidad, según ha recordado, "es obligación de los centros" ofertarla para que los padres de los alumnos o los propios estudiantes puedan elegirla libremente.
Gil Tamayo también ha mostrado la preocupación de los obispos por los profesores de Religión pues la reducción de la carga lectiva puede "conllevar una situación de desempleo". Finalmente, ha recordado que lo que reclama la Iglesia católica para ella misma, también lo pide para el resto de las confesiones que tienen firmados acuerdos con el Estado, es decir, musulmanes, judíos y evangélicos.
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