La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos especialmente vinculados a la red educativa concertada, ya ha recogido casi 600.000 firmas contra la reforma educativa que se tramita en el Congreso, la Lomloe, conocida como 'Ley Celaá'. Con ello, se ha duplicado el objetivo previsto por sus promotores cuando lanzaron la campaña hace más de una semana para llegar a las 300.000 firmas.
Según las organizaciones que integran la plataforma la ley "que nacerá sin consenso", es "segregadora, partidista" y "condena a la enseñanza concertada a una progresiva desaparición". Además, consideran que la 'Ley Celaá' "impone la enseñanza pública arrebatando a los padres su derecho a la pluralidad, es una ley que omite cualquier mejora para los profesionales del sector, que mantienen el déficit de su financiación, que relega la asignatura de Religión, que condena al cierre a los centros de educación especial y que aprovecha la peor pandemia de los últimos cien años para ser aprobada".
Según comprobó Servimedia en la mañana de este viernes, el número de apoyos ha aumentado considerablemente pues en 24 horas ha sumado 355.000 rúbricas, que la plataforma quiere presentar ante las instituciones para detener la reforma legislativa. El incremento se disparó a raíz de la concentración que protagonizó Más Plurales este jueves ante el Congreso y con la protesta virtual convocada por la tarde, que llegó a destacarse como tendencia en las redes sociales.
Según los integrantes de la plataforma, todo esto afectará a más de 260.000 profesionales, a cerca de cuatro millones de familias, a más de cinco millones de alumnos que cursan la asignatura de Religión y a más de 9.300 centros de la red concertada y privada.
Enmiendas y presupuestos
En paralelo, la normativa avanzó este jueves su trámite en la Cámara Baja, al votarse varias enmiendas en la ponencia que estudia el el texto. Dichas enmiendas, pactadas por el PSOE y varios de sus socios, contemplan asuntos como la eliminación del castellano como lengua vehicular en la educación. El Partido Popular y Ciudadanos han anunciado que si la ley prospera en esos términos la recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
La aprobación de estas enmiendas ha tenido lugar en plena negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de recabar apoyos para contar con cuentas propias después de dos ejercicios consecutivos con las que hizo el PP, con el ministro Cristóbal Montoro.
Fuente: eleconomista.es
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