“Es legítimo que se reconozca la demanda social, la demanda de los padres a la hora de desear un tipo de escuela”. Con estas palabras, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, cuestionaba una de las medidas centrales de la futura ley de Educación presentada esta semana por la ministra socialista Isabel Celaá.

El portavoz del Episcopado defendió con contundencia que “los padres puedan decidir el tipo de educación que tienen para sus hijos”, además de enfatizar la autonomía de los centros.

No fue el único “pero” que el obispo auxiliar de Valladolid puso a la reforma educativa, que desveló que ayer mismo se reunió con el presidente de Escuelas Católicas, Juan Carlos Pérez Godoy, para abordar esta polémica medida.

En la rueda de prensa conclusiva a la Asamblea Plenaria de los obispos españoles, defendió la asignatura de Religión, aunque no fue la única materia por la que saco pecho. Argüello, considera que en una sociedad tecnocrática en la que “un pequeño virus nos pone patas arriba”, “se hace más que nunca necesaria la enseñanza de la filosofía y de la teología”.

Más filosofía y música

Así, manifestó su deseo de que en las aulas de nuestro país se promueva “el cultivo de la filosofía, del arte, de la música y de la enseñanza religiosa, Es más necesaria que nunca”.

Todo esto le llevó a solicitar al Gobierno que apueste por un pacto educativo antes de la aprobación definitiva de la ley. ¿Su argumento? “Deseamos que se haga realidad el pacto global que impulsa el Papa. Desgraciadamente se ha suspendido el encuentro previsto para mayo en Roma, pero no se aplaza el deseo de ese pacto global”, expresó.

“Valoramos mucho que la educación pueda ayudar al desarrollo pleno de todas las capacidades de los niños y niñas que van a nuestras escuelas”, explicó, presentando los colegios como un espacio donde “se ayude a crecer”.

“Se habla de que la escuela sea un ascensor social, pero también hay que enseñar a ayudar a subir las escaleras”, verbalizó el secretario general de los obispos: “A veces se plantea incluso que hay que bajar el piso: dando una titulación teniendo una asignatura pendiente”. “Eso, en lugar de ayudar a los más débiles, es un desprecio a las personas porque se da por hecho que no puede desarrollar sus capacidades”, aseveró.

Fuente: VidaNueva

Tras la aprobación ayer del proyecto de Ley de Educación que ahora se llamará LOMLOE, el presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha manifestado su absoluto desacuerdo con una ley impuesta, que no ha contado con el mínimo consenso, diálogo ni acuerdo, donde las familias no se han tenido en consideración en ningún momento, desaparece la demanda social, se aprueba con asignaturas suspensas, se vuelve a marginar a la religión (hay que recordar que la solicitan de forma voluntaria esta asignatura más de tres millones y medio de alumnos) y se pone en riesgo la continuidad de concierto educativo.

La nueva ley se propone como una modernización de la FP (algo que se ha planteado siempre en todas las reformas anteriores, por lo que no supone ninguna novedad pero que CONCAPA sí ve positiva siempre que se vertebre de una forma uniforme por toda la red de centros sostenidos con fondos públicos), una apuesta económica (más becas y más inversión, aunque todos los informes realizados en este sentido indican que más inversión no significa una mejora educativa) y un descenso de exigencia (se suprimen las pruebas finales de etapa, se puede pasar de curso y obtener título con asignaturas suspensas, etc.)

¿Por dónde va la nueva ley? Pues por lo que todos adivinábamos: suprimir la pluralidad educativa -por ejemplo, se castiga a los modelos de coeducación-, se degrada a la asignatura de Religión -sin alternativa y peso específico alguno, vulnerando la libertad religiosa-, se impone una asignatura de educación en valores cívicos y éticos -vuelta a la antigua EpC-, se da más peso a las Comunidades Autónomas en los contenidos y en la lengua -olvidando el conocimiento de la lengua materna-, se añaden algunas trasversales “nuevas” como el desarrollo sostenible o la igualdad de género -creando más controversia-, y finalmente se apuesta por la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años vertebrándola por la red pública -en claro perjuicio de la red concertada-. 

¿Qué es lo que queda claro? Que se vulneran una vez más los derechos fundamentales de las familias para poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos -libertad de elección y libertad de enseñanza-, que se intenta arrinconar a la enseñanza concertada vulnerando la libertad religiosa -asignatura de religión-,  y que se rebaja a mínimos el nivel de exigencia y de esfuerzo, por no hablar de que brilla por su ausencia el “consenso y el diálogo” que garanticen una estabilidad del sistema y la consecución del tan ansiado pacto social y político por la educación. Eso sí, se incorporan los llamados “comisarios políticos” que se implantan en los centros concertados con la inclusión del representante municipal en el consejo escolar.

Para Caballero, lo que está sucediendo es “un grave retroceso” porque hemos perdido una gran ocasión de poner en marcha una buena ley, una ley con peso específico que no vaya en detrimento de la libertad de las familias (su libre elección queda ahora subordinada a la planificación de las autoridades administrativas) y que apueste por la mejora real de los resultados educativos en nuestro país, sin necesidad de rebajar el nivel para llegar a los parámetros de aprobado que se buscan gratuitamente para las estadísticas.

El presidente de CONCAPA señaló que “los padres no vamos a ceder nuestras responsabilidades al Estado y consideramos que la educación debe respetar la pluralidad de la sociedad, correspondiendo a los padres colaborar y participar activamente en la escuela y en la educación de sus hijos”. Desde CONCAPA pedimos a la ministra de Educación que apueste clara e inequívocamente por la libertad de enseñanza y la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación y el centro educativo que desean para sus hijos, como nos garantizó en la reunión que mantuvimos en el Ministerio el pasado día 26 de febrero.

Fuente: revistaecclesia.com

El texto, que ya pasó por el Consejo de Ministros en febrero de 2019 y que no se ha modificado, se tramitará en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de la nueva ley de educación (Lomloe; Ley Orgánica de Modificación de la LOE), que revertirá la norma en vigor, la polémica Lomce o ley Wert, aprobada por el PP en 2013. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde por segunda vez al texto que ya aprobó en la pasada legislatura. La ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha hecho ningún cambio en el documento pese a que ahora el Ejecutivo es de coalición, con Unidas Podemos. Quiere evitar así que la ley tenga que volver a pasar por los órganos consultivos, como el Consejo Escolar del Estado, y así acelerar su tramitación en el Congreso, prevista para las próximas semanas. Cualquier cambio que se quiera introducir se hará a través de enmiendas en el Parlamento o en el Senado.

“La ley busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia, la optimización de resultados para el conjunto de los alumnos y la equidad; nadie puede quedar atrás”, ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra ha señalado que el alumnado, “sea cual sea el talento con el que entra en el aula”, tendrá que salir con “el mismo valor diferencial” del centro educativo. “No puede haber segregación en el acceso [a los centros] ni en la salida, no se puede discriminar a los alumnos en diferentes itinerarios segregadores, ni socioeconómicos ni de otra naturaleza”, ha manifestado.

Con la nueva ley desaparecerán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), unos itinerarios incluidos en la regulación actual que conducen a los estudiantes con un menor rendimiento a cursar algunas asignaturas en una modalidad más sencilla (llamada aplicada). Esta vía les excluye de poder cursar más adelante el bachillerato, y solo les permite acceder a formación profesional. “Ningún país europeo pone barreras a la enseñanza básica tras 12 años de escolarización. Eso es segregar; hay que garantizar que todo el mundo progrese con la debida calidad del sistema educativo”, ha aclarado la ministra.

Celaá ha recordado que una de las prioridades de la nueva ley será la incorporación de una red de enseñanza de cero a tres años, que se desarrollará “de forma gradual” y “empezando por los colectivos más desfavorecidos”. Además, como ya anunció hace unas semanas, ha señalado que en el plazo de un año se presentará un nuevo modelo para la reforma de la carrera docente. Para ello, Celaá ha adelantado que ya están trabajando con las facultades de Educación para modernizar los programas y que los aspirantes a profesor realizarán prácticas en escuelas durante un periodo de un año como paso previo a su titulación.

La nueva normativa (que recupera muchos de los aspectos de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, aprobada por el PSOE en 2006) llega con el objetivo de tumbar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), norma que llevó en 2013 al resto de grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito su compromiso de derogarla en la siguiente legislatura.

Estos son los principales cambios que contempla la nueva ley:

La Religión pierde peso en el currículum. Su oferta ya no será obligatoria en 1º y 2º de bachillerato y las calificaciones no computarán para el acceso a la universidad o la obtención de becas. Además, los alumnos que no escojan Religión no estarán obligados a matricularse en una materia alternativa (la llamada “asignatura espejo”), que en la Lomce es Ética. Con la Lomloe, Educación en Valores Cívicos y Éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro curso de secundaria, aún por determinar.

Eliminación de los itinerarios. Uno de los aspectos más “lesivos” de la Lomce que la nueva ley corregirá es la división de los alumnos en diferentes itinerarios según sus capacidades académicas. Con el modelo actual, un estudiante que no consigue promocionar en segundo o tercero de la ESO es derivado a la llamada formación profesional básica y, en función del criterio de la junta de evaluación del centro, hay alumnos que al aprobar ese curso obtienen el título de la ESO y otros que no. Sin este certificado, los estudiantes no pueden continuar sus estudios. “No podemos discriminar a los alumnos a una edad temprana en la que todavía no saben a qué se quieren dedicar”, explicaba Celaá en una entrevista con EL PAÍS. Para evitar esa discrecionalidad, la nueva ley eliminará esa vía y recuperará los programas de diversificación curricular de la ley educativa de 2006, que permiten modificar y adaptar el currículo desde tercero de la ESO para los alumnos que no estén en condiciones de promocionar, de forma que todos obtengan la misma titulación. Se eliminarán así estos itinerarios, conocidos como programas PMAR.

Se elimina el concepto de “demanda social” para la planificación de las plazas escolares. El objetivo primordial es “mejorar el sistema de admisión” de la escuela concertada y “equilibrar” la escolarización de alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje entre los centros públicos y los concertados. Para ello, se eliminará la referencia que aparece en la Lomce a la llamada “demanda social”, que establece que para la planificación de las plazas escolares las comunidades autónomas tendrán en cuenta la preferencia de las familias. Celaá ha afirmado en diferentes foros que “la escuela pública no puede ser subsidiaria de la concertada”. Además, el texto contempla que las autonomías “velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”, lo que quiere decir que se pondrán en marcha medidas para evitar que determinados colegios, sobre todo públicos, concentren a los alumnos con menos recursos. Además, para evitar la segregación por sexo, se prescindirá en el texto de la alusión a que “la educación diferenciada no se considera discriminación por género” y se dará prioridad en el régimen de conciertos a los centros “que se organicen bajo el principio de la coeducación”.

Medidas para frenar la alta tasa de repetición. Otro de los grandes escollos del sistema educativo que pretende solucionar la nueva ley es la alta tasa de repetidores. En España, el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13% de media de los países de la Unión Europea. Para reducirla, la nueva ley incluye varias medidas. Por una parte, en primaria eliminará la posibilidad que contempla ahora la Lomce de que los alumnos puedan repetir en cada uno de los cursos y en su lugar establecerá que solo puedan repetir curso al final de cada etapa (segundo, cuarto y sexto de Primaria). Además, contemplará que los estudiantes que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso “de forma excepcional” si el equipo docente considera que “la naturaleza de las asignaturas no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente”. En bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa, también de forma “excepcional”. Ahora mismo es obligatorio superar todas las asignaturas de los dos cursos para hacerse con la titulación.

Más poder del Gobierno central para determinar el currículum. Otra de las novedades es que las autonomías perderán poder a la hora de determinar los contenidos del currículum. Se volverá a lo estipulado en la LOE y el Gobierno central decidirá el 55% de los contenidos en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en el resto. La actual ley (Lomce) utiliza un sistema distinto: no emplea porcentajes. Divide las asignaturas en troncales (las obligatorias que fija el Estado) y opcionales y de libre configuración (que determinan las comunidades autónomas en su totalidad). Este modelo implica grandes diferencias entre las materias que se estudian en cada autonomía. El ministerio busca con el cambio que plantea un mayor consenso y colaboración entre el Estado y las comunidades.

Más poder para los consejos escolares. El objetivo es evitar que el director “sea el único órgano de gobierno en los centros educativos”, señala la propuesta. La Lomce quitó poder a los consejos escolares, que recuperarán ahora competencias. Además, se modificará su composición en los centros concertados para reincorporar al representante del Ayuntamiento. Se cambiará el procedimiento para la selección de los directores, aumentando la participación del consejo escolar (integrado por las familias y los docentes). En la actualidad, las comunidades autónomas deciden si la elección del director recae en la Administración o en el consejo escolar, lo que ha originado una gran dispersión de modelos. Además, se evitará que la autonomía pedagógica de los centros —la Lomce permite que los colegios e institutos puedan, por ejemplo, definirse como especializados en ciencias — dé lugar a la selección del alumnado, señala el documento.

Supresión definitiva de las reválidas y sustitución por pruebas de diagnóstico. Las reválidas al final de 6º de primaria y 4º de la ESO de la Lomce (suspendidas por los tribunales) se eliminarán del texto. Se convertirán en “evaluaciones muestrales y plurianuales” que se publicarán de forma interna y permitirán conocer el estado del sistema educativo y favorecer la rendición de cuentas por parte de los centros para así “mejorar las políticas públicas”. De esta forma, se prohíbe utilizar los resultados de las evaluaciones de los alumnos para establecer una clasificación de centros, los rankings. Este punto se recupera de la LOE.

Fuente: elpais.com

Sin consenso, un parche, una ley que se ha hecho de manera rápida y sin tener en cuenta a las familias... estos son algunos calificativos con los que la comunidad educativa se refiere al borrador de la ley Celaá, nombre con el que se conoce a la reforma del sector educativo que la ministra del ramo saca hoy al Consejo de Ministros. En declaraciones a LA RAZÓN los representantes del sector lamentaron, en su mayoría, que no haya tiempo para derogar los aspectos más lesivos de la Lomce y criticaron el uso partidista que la coalición quiere hacer con la Educación.

Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), no esconde su enfado: «No nos gusta nada. Nace de la división y el enfrentamiento, no del diálogo y el consenso», asegura. Insiste, en que tampoco les gusta la vigente ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), –aprobada en 2013 por el Partido Popular y conocida como «Ley Wert»– con la que han sido críticos, no obstante, están en contra de que «se imponga otra Ley sin contar con las familias y sin el consenso amplio como para sacarla adelante y que dé tranquilidad durante los próximos 15 a 20 años». En su opinión, la ley «debería haberse vertebrado a través de un pacto educativo, social y político por la educación», un acuerdo que rechazó el actual Gobierno, según explica. Preguntado por los principales errores, a su juicio, de la futura ley, Caballero dice que «vulnera los derechos fundamentales de las familias en dos aspectos: en la libertad de enseñanza y en la elección de los padres de los centros educativos, según sus convicciones. No nos gusta tampoco que se quite la demanda social», apunta. Además, es muy crítico con el trato que se le da a Religón porque «casi de un plumazo la elimina y no cuenta con ella para nada, la deja como residual». Según el plan de Gobierno, la asignatura continuará siendo optativa pero no servirá ni para nota ni para promocionar.

De opinión similar es Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, que insiste en que «la nueva Ley de Educación se plantea como una reacción a la Lomce, que no fue una ley de consenso. Sin embargo, esta nueva ley tampoco nace del mínimo consenso que garantice su permanencia». Al igual que Concapa critican que limita los derechos de los titulares y familias, «sometiendo la libertad de elección a la planificación administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas, al considerar a la enseñanza concertada como subsidiaria de la pública». Además, denuncia que mientras que se degrada la asignatura de Religión, se introduce una nueva «obligatoria en primaria y ESO sobre valores».

Por último, Ramón Izquierdo desde el sindicato ANPE –que representa al profesorado– señala que «es un parche» porque aunque deroga la Lomce, mantiene muchos aspectos de la LOE. «Desde luego no es la reforma profunda que necesita el sistema educativo español». No en vano, tacha de positivo que incluya una disposición adicional sobre el profesorado.

Fuente: larazon.es

Degrada la clase de Religión, introduce como obligatoria la asignatura de valores y rebaja el nivel de exigencia

La ley Celaá que se remite al Congreso pone en guardia a la escuela concertada, ya que considera que traspasa algunas líneas rojas: elimina el criterio de la demanda social, introduce el representante municipal en el Consejo Escolar y considera a la concertada como una subsidiaria de la pública. Estas son las principales líneas del proyecto de ley.

Límites a la expansión de la escuela concertada

Pretende eliminar de la normativa el principio de «demanda social». Es decir, los centros concertados, donde estudian uno de cada cuatro niños españoles y generalmente muy solicitados, no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda si hay plazas para escolarizar a los alumnos en los colegios públicos.

También tendrán prioridad a la hora de recibir las subvenciones los colegios mixtos, en lugar de los que educan a niños y niñas en aulas separadas, lo que se conoce como educación diferenciada. Además, se elimina la referencia en la normativa vigente que dice que este tipo de educación «no se considera discriminatoria por género». Precisamente, la diferenciada está en el punto de mira del nuevo Ejecutivo ya que en el pacto de gobierno que firmaron PSOE y Podemos existe el compromiso de “promover la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.

La asignatura de Religión, degradada

La reforma socialista prevé eliminar los aspectos que considera “más lesivos” de esta asignatura. Y esto supone “degradar” la materia en el currículum educativo en la medida en que no servirá para hacer media, ni contará para obtener una beca. Tampoco tendrá asignatura alternativa (materia espejo), como ocurre hasta ahora, de tal manera que el que no escoge estudiar Religión tenía que cursar Valores.

Educación cree que con esta fórmula no se incumplen los acuerdos con el Vaticano y se acaba con la idea de que muchos alumnos aprovechasen en el Bachillerato para matricularse en esta materia con la idea de subir nota, al hacer media, aunque no fueran creyentes.

Evaluaciones muestrales cada dos años en 6º de Primaria y 4º de la ESO.

Se seguirán haciendo con carácter muestral, como hasta ahora, aunque cada dos años, a finales de 6º de Primaria y 4º de la ESO. El Ministerio cree que con estas pruebas que se hacen sólo a un determinado número de centros se puede conocer el estado del sistema educativo y orientar las medidas de gestión de los control y las políticas públicas. No obstante, mantiene la cultura de evaluación del Gobierno Wert al establecer la obligación de que todos los centros españoles hagan evaluaciones en 3º o 4º de Educación Primaria y en 2º de la ESO, aunque sin efectos académicos. Ahora bien, prohibirá utilizar los resultados que se obtengan para clasificar a los centros. No habrá «reválidas» o exámenes que sirven para titular.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la tramitación de la ley de Educación, que deja a esta asignatura como no evaluable y no computable.

Paulo Santos (47 años) es profesor de Religión en el IES Clara Campoamor, situado en la madrileña localidad de Móstoles, y ahora teme perder trabajo. Pero no sólo le ocurre a él. Antonio Díaz (56 años) tiene miedo de que las condiciones laborales como docente de Religión en el IES valenciano Francesc Ferrer i Guàrdia varíen y le repercutan negativamente en su sueldo. Y es que ellos, como otros 13.000 profesores de Religión de toda España, temen irse a la calle si la nueva ley de Educación -la Lomloe- sale hacia adelante. De hecho, este martes el Consejo de Ministros aprueba la tramitación de este Proyecto de Ley.

Pero esto estaba avisado. La primera ley que aprobará el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos será la ley Celaá -que derogará la Lomce-, cuyo sobrenombre se debe a la ministra de Educación, Isabel Celaá. La titular de la cartera de este Ministerio ha decidido sacarla adelante cueste lo que cueste. Este proyecto, sin embargo, tiene varias medidas polémicas. Una de ellas es el marcado cerco que hará a la asignatura de Religión, ya que esta materia pasará a ser no evaluable y no computable.

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La ministra de Educación, Isabel Celaá.

Para Paulo quitar “incentivos” para que sus alumnos adolescentes escojan una asignatura -"sea Religión o cualquier otra"- hace que estos prefieran irse a casa o al recreo. Y es que la nueva normativa prevé, por ejemplo, que la nota que saque un alumno en Religión no cuente para la EvAU. De ahí que crezca el miedo a que en “dos o tres años” el aula de Religión esté vacía. Un hecho que acarrearía un posible despido.

El motivo del posible despido es que los profesores de Religión, a diferencia de las demás del currículo, no son funcionarios a pesar de trabajar en la educación pública o concertada. Tienen un contrato de “personal laboral” y quienes los contratan son las Consejerías de Educación de las diversas comunidades autónomas. Pero claro, si dejara de haber alumnos que asisten a Religión porque, según la nueva ley, no computa en el expediente, también dejaría de haber necesidad de profesores. “Es como si uno abre un negocio y no tiene clientes. Pues se ve obligado a cerrar”, se queja el profesor Paulo, con 33 años a las espaldas como docente.

La “preocupación” de Antonio, también profesor de Religión y presidente de la Asociación de Profesores de Religión en Centro Estatales, es el duro golpe que la aplicación de la ley Celaá puede suponer para los bolsillos de los docentes. El riesgo no está sólo en los despidos, como denuncia Paulo, sino que “hacer menos horas que las que tenemos que hacer los profesores de Religión en la distintas comunidades autónomas por falta de clases y alumnos, evidentemente, repercutirá en que habrá menos horas trabajadas. Y, por ende, nuestro sueldo puede bajar”, explica Antonio.

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Unos adolescentes en el aula de un instituto.

Pero Antonio tiene la esperanza de que las “enmiendas”, que se puedan presentar tanto en el Congreso como en el Senado durante la tramitación de la ley, hagan que Religión pueda seguir contando con una asignatura espejo, de modo que los profesores de la asignatura seguirían siendo necesarios para enseñar a los menores la materia.

“Seguiremos dialogando con el Gobierno para conseguir un pacto que satisfaga a las distintas partes. De no hacerlo, y si peligrasen los trabajos de los docentes de Religión, acudiremos a la justicia para reivindicar nuestros derechos laborales”, advierte Antonio, visiblemente preocupado la situación.

Amelia Álvarez, coordinadora nacional de las Plataformas de Enseñanza Pública considera un agravio lo que Celaá plantea para los profesores de Religión: "Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero constitucionalmente podemos ganar: porque no puede haber pedagógicamente una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar y calificar", aseguraba el pasado enero.

El proyecto de Ley

El texto que aprueba este martes el Consejo de Ministros de la mano de Isabel Celaá es el mismo que se aprobó el 15 de febrero de 2019 por el entonces Gobierno en funciones. En aquella ocasión, sin embargo, el proyecto de ley no llegó a tramitarse porque Pedro Sánchez ese mismo día convocó las elecciones generales del 28 de abril. Por ello, la tramitación de la nueva ley de Educación lleva más de un año paralizada.

Por ser el mismo texto que el planteado hace un año, la ministra Celaá ha argumentado la no necesidad de que el proyecto pase por el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo que entonces aprobó el texto con un consenso mínimo. Lo hizo tras debatir 551 enmiendas de las que salieron adelante hasta un total de 120.

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El proyecto de ley tiene otras medidas polémicas como dejar las competencias sobre el castellano en manos de la Generalitat de Cataluña, poder superar Bachillerato con una asignatura suspensa y la eliminación del artículo 109.2 de la Lomce. Este defiende que las plazas ofertadas en los centros públicos y en los concertados estarán ligadas a la “demanda social”. Para la ministra Celaá esto es un “eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.

Y, cómo no, la devaluación de la asignatura de Religión que a pesar de establecer la obligatoriedad para que la asignatura esté en la oferta educativa, ésta dejaría de ser evaluada y computada. Un hecho que aboca a 13.000 profesores de Religión, como Paulo y Antonio, a una situación de incertidumbre y “preocupación” en su futuro empleo.

Fuente: elespanol.com

"España no ha dejado de ser católica, aunque vivimos en un humus cultural secularizado, y laicista incluso. La Iglesia española necesita aire". El cardenal de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, defiende los valores morales del cristianismo para la sociedad española frente a "la nueva cultura de nihilismo y laicismo" que, en su opinión, busca el Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE.

En una extensa entrevista, el purpurado pone como ejemplos "la eutanasia y el aborto", pero se muestra especialmente preocupado por la futura ley de Educación que plantea el Gobierno. "No vamos a negociar sobre la clase de Religión, sino a exigir unos derechos de los padres", asegura. "En este momento la clase de Religión las tienen los musulmanes, los judíos, todas las confesiones cristianas... no hay ningún privilegio para la Iglesia. Y no es en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado, sino de la Constitución, que reconoce un derecho fundamental", añade, insistiendo en que se rompen los acuerdos "si la Religión no es considerada una enseñanza fundamental en el curriculum". "No podemos volver a alternativas ridículas, como la del parchís".

"Necesitamos hacer un gran pacto mundial por la educación, que nos lleve a una educación para la concordia, para la memoria de futuro que tenemos que construir entre todos, no una memoria de la que tengamos que avergonzarnos", apunta Cañizares, que cree que este Gobierno "no demuestra ir por ahí", y sostiene que, la "intención" del veto parental es "que se llame la atención sobre el derecho que tienen los padres y que nadie les puede quitar. Libertad de enseñanza, libertad para elegir, también los contenidos, que sea protegido ese derecho, que es primario, anterior al Estado".

"No acoger a los inmigrantes no es cristiano"

"Estamos haciendo una sociedad discriminada y discriminatoria. Quien está conmigo, de acuerdo; quien no está conmigo, fuera, excluido", lamenta Cañizares, quien se muestra crítico con el Gobierno por desentenderse de los refugiados una vez llegan a España –"Los reciben en el puerto, y luego los dejan, y elevan las vallas"–, pero también critica actitudes como las de Vox: "La labor de la Iglesia es formar a los cristianos, ofrecer pautas morales que digan que no acoger a los inmigrantes no es cristiano".

Pese a todo, el vicepresidente de la CEE aboga por "llegar a acuerdos" con el Gobierno, y recuerda su "estupenda relación" con Carmen Calvo en etapas anteriores, especialmente durante el Gobierno Zapatero. "Me llevaba bien, se consiguieron muchas cosas. Ellos también estuvieron abiertos al acuerdo", recuerda. Y es que fue Cañizares quien, entre otros acuerdos, consiguió el incremento del 0,7 en la Renta para los obispos.

IBI, inmatriculaciones, Franco...

¿Debe pagar la Iglesia el IBI? "Si la Iglesia tiene que pagar el IBI, también los sindicatos, también los partidos políticos, también distintas asociaciones que se dedican al servicio de los otros", responde Cañizares. "Ningún privilegio, pero tampoco perder ningún derecho".

En cuanto a las inmatriculaciones, el cardenal sostiene que "no me preocupan en absoluto, porque se ha hecho todo conforme a la ley".

En cuanto a la exhumación de Franco, Cañizares sostiene que "ha sido una polémica muy desgraciada" que "no favorece la concordia", y defiende que "el Valle de los Caídos tiene una significación por sí misma, incluso sin Franco". Pese a ello, se muestra de acuerdo en resignificar Cuelgamuros, aunque ello suponga la salida de los benedictinos. "Siempre que sea en esta lógica de concordia, de reconciliación, de perdón, de olvido de todos y de una España unida en común y adelante todos juntos, de acuerdo".

La unidad de España, ese bien moral

Y es que la unidad de España sigue siendo una de las grandes obsesiones del arzobispo de Valencia. "Hay que volver a las raíces, ser verdaderamente una España donde quepamos todos, donde colaboremos todos. Recuperar España, y hacerla grande, no en el sentido que se le daba en otros momentos, sino una España con una capacidad que no ha tenido ningún país del mundo".

"Cataluña me preocupa porque quiero mucho a Cataluña", responde Cañizares sobre el impulso independentista. Y añade, tajante, que "Cataluña no es sin España, ni España sin Cataluña, es una unidad. Y esto es un valor moral. Y eso hay que defenderlo".

Con respecto a las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal, Cañizares evita postularse, aunque se muestra dispuesto a liderar la Iglesia española. "No me apetece para nada ser presidente, pero si los obispos me votan, aceptaré", recalca, subrayando que en la Iglesia española "hace falta liderazgo. Que el presidente que elijamos se sienta libre, y que todos los que estemos su alrededor nos sintamos libres".

Sobre la pederastia en la Iglesia, Cañizares pide "ser inflexible en este tema" y "acompañar a las víctimas", y abre la puerta a que la Iglesia investigue casos del pasado, o indemnice a las víctimas. Respecto al papel de la mujer en la Iglesia, el vicepresidente del Episcopado admite que "debemos trabajar mucho más (…). La mujer debe tener un protagonismo mayor. El tema del ministerio sacerdotal, no entro en ello, pero eso no quiere decir que no se reconozca, se potencia y se fortalezca el papel de la mujer en la Iglesia".

Fuente: eldiario.es

En la tarde de ayer, Miércoles de Ceniza, la Coordinadora Estatal de Plataformas en defensa de Religión en la Escuela fue recibida en el Congreso de los Diputados por el Grupo del Partido Popular. Por parte del P.P nos recibió la Vicepresidenta del Congreso Ana Pastor y Sandra Moneo, portavoz adjunta del PP y responsable de la Comisión de Educación en el Partido. 

Desde la Coordinadora de Plataformas mostramos nuestro rechazo una vez más por la propuesta del nuevo gobierno en torno al área de religión, que aunque no es nueva sigue en la hoja de ruta de la Ministra desde el anterior gobierno socialista. Así también, mostramos la preocupación de los docentes del área y de la precariedad que laboral que llegan a tener. Evidentemente centramos la reunión en la defensa de la asignatura de religión y de una libertad en la educación donde las familias puedan decidir la educación de sus hijos, en las repercusiones que tiene el que el área de religión no tenga una asignatura espejo, defender su propia evaluación y computabilidad como el  resto de áreas,  así como  la necesidad de que el área de Religión tenga un horario digno.

Por parte del PP hubo una muy buena aceptación de nuestras propuestas, mostrando un apoyo total a nuestra asignatura y a nuestra situación laboral. Por ello seguiremos manteniendo contacto para futuras acciones. Desde la Coordinadora hay establecidas nuevas reuniones con otras organizaciones políticas, así como con la CEE y el propio MEFP.

La Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales (Apprece) ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de intentar rectificar la sentencia del TSJCV que avala la regulación de la asignatura confesional introducida por la Conselleria de Educación en 2017. En la práctica, se permitió que los centros redujeran la materia a una única sesión semanal en Primaria, frente a las dos establecidas obligatoriamente con la normativa previa. Exactamente, se les daba libertad para decidir la carga horaria.

El TSJCV avaló el cambio el pasado octubre, argumentando que una sesión era suficiente para la impartición de los contenidos incluidos en la asignatura, aunque desde la asociación insisten en que con este sistema de organización se contravienen normas de rango superior, como el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede que regula aspectos educativos.

Fuentes de Apprece defienden que la opción dada por la conselleria ha permitido que el horario mínimo para la materia sea una cuarta parte del establecido para otras asignaturas troncales o instrumentales. Es decir, que estas tengan mucha más presencia horaria, lo que «vulnera el principio de equiparación (de Religión) con el resto de asignaturas fundamentales».

La clave está en el citado tratado internacional, que establece que en las diferentes etapas educativas se incluirá la enseñanza de Religión «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales».

«La decisión de Educación no está justificada en modo alguno por motivos legales o técnicos, quedándose en una decisión política que sería admisible siempre que no vulnerara ninguna norma o principio jurídico», añaden las mismas fuentes, que concluyen que el sistema ideado deja en manos del centro, a la hora de fijar los horarios, «el cumplimiento o no de la equiparación prevista» en el acuerdo.

También defienden que no son válidos «argumentos extrajurídicos de prevalencia de otras asignaturas específicas sobre la de Religión, pues ello supondría el pleno desconocimiento de la importancia que a la materia se le reconoce en la norma superior con ese carácter de asignatura fundamental», dicen.

Además, consideran que puede derivar en situaciones de discriminación, en el sentido de que en una misma población hay alumnos con dos sesiones y otros con una pese a que el currículum (el que recoge los contenidos para la etapa) es el mismo.

El tratamiento de la materia en la ESO y Bachillerato también ha sido judicializado, con resultado dispar. En cuando a la primera etapa, el TSJCV no aceptó los argumentos contra la reducción a una hora semanal en 1º y 2º de la ESO, si bien obligó a ofertarla en 2º de Bachillerato acogiéndose a la reciente jurisprudencia del Supremo, pese a que en las últimas décadas había desaparecido de la ordenación académica de ese nivel. Previamente se decretó una medida cautelar cuyo efecto confirmó el fallo.

Fuente: lasprovincias.es

• La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por CCOO en representación de los docentes de Religión Católica contra el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) por la reducción de jornada que se les aplicó en septiembre y ha ordenado tanto dejar sin efecto esa resolución como que sigan cobrando "conforme a la jornada vigente durante el curso 2018-2019", que en su inmensa mayoría era completa.

La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por CCOO en representación de los docentes de Religión Católica contra el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) por la reducción de jornada que se les aplicó en septiembre y ha ordenado tanto dejar sin efecto esa resolución como que sigan cobrando "conforme a la jornada vigente durante el curso 2018-2019", que en su inmensa mayoría era completa.

Según recuerda la sentencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, la Subdirección General de Personal del MEFP acordó el pasado 16 de septiembre una reducción de la jornada laboral semanal de esos docentes de 25 a entre 14 y 22 horas semanales, según el caso, con efectos desde el 1 de octubre siguiente.

CCOO argumentó como pilar de su demanda que se había modificado la jornada laboral de los actores tras el inicio del curso escolar, que había comenzado el 3 de septiembre. El Ministerio, por su parte, defendió que "no se había podido realizar antes dicha modificación, ya que con anterioridad no se conocían las necesidades formativas de cada uno de los centros", pero la magistrada ha entendido que "dicha alegación no puede ser estimada".

"No puede excluirse la aplicación de una norma que es de obligado cumplimiento con la sola alegación que con anterioridad se desconocían las necesidades", ha concluido la juez, que subraya que el propio Ministerio, en un escrito del 5 de noviembre de 2018 de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, "ya reconoce que no es posible la modificación de la jornada tras el inicio del curso escolar y es precisamente esta la razón por la que instó a los distintos centros un informe sobre las horas necesarias y las contratadas de los profesores de Religión que necesariamente debían ser remitidos el 25 de noviembre, y así llevar a cabo las correspondientes modificaciones el 1 de septiembre de 2019, esto es, antes del inicio del curso, que fue el 3 de septiembre".

"Con anterioridad al fin del curso 2018-2019 ya se tenía conocimiento de los alumnos que recibían clases de Religión Católica e Islámica en cada uno de los centros, se conocían cuáles eran las horas lectivas de cada uno de los profesores y, por tanto, se podía establecer con claridad cuáles eran las necesidades de cada uno de los centros en aras de llevar a cabo la modificación de la jornada con anterioridad al inicio del curso escolar", ha remarcado el veredicto.

Fuente:lavanguardia.com

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rechazado un recurso presentado por la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales y ha avalado la normativa autonómica que permite que esta asignatura cuente con una sola sesión de 45 minutos semanales.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE y contra la que cabe recurso, que ha adelantado este lunes el diario Levante-EMV, el alto tribunal valenciano concluye que la citada asociación de profesores no ha acreditado que la norma contra la que recurría impida impartir adecuadamente la asignatura de Religión.

Es decir, que "no se ha demostrado que en ese tiempo sea imposible desarrollar un programa didáctico coherente y completo de enseñanza de la Religión Católica, por lo que el motivo de impugnación debe ser desestimado".

Al desestimarse de forma íntegra el recurso de la Asociación de Profesores de Religión, el TSJCV ha impuesto a esta parte la totalidad de las costas procesales, con un tope de 1.200 euros.

La Abogacía de la Generalitat, en representación de la Conselleria de Educación, argumentó que "no cabe ubicar la asignatura de Religión dentro de las asignaturas troncales", como figuraba en el decreto de 2014 y subrayando que es competencia de las administraciones autonómicas fijar el horario que se considere más adecuado.

Fuente: valenciaplaza.com

El alumnado valenciano no se interesa por la enseñanza de la Religión católica y cada vez menos padres se inclinan por autorizar la enseñanza de esta materia a sus hijos en los colegios. Tras conocer esta sentencia, fuentes de la Conselleria de Educación apuntaron a esta redacción que varios centros se han visto obligados a redistribuir las aulas ante la falta de alumnos para impartir Religión.

Al parecer, algunos colegios han optado por juntar varios grupos docentes sin masificar las aulas, una medida que ha generado un considerable ahorro para la educación pública.

La sentencia estimaba parcialmente el recurso, pues denegaba otras pretensiones planteadas por los recurrentes como ampliar la oferta para aumentar las horas de clase en primero y segundo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Esa misma decisión es la que ha tomado ahora el tribunal respecto a la enseñanza Primaria.

La sala valenciana comparte y aplica la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (TS), concretamente una sentencia del 11 de julio de 2018, en la que alto tribunal se pronunció sobre un decreto de la Junta de Extremadura similar al Decreto 51/2018 del Consell, por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación general de la ESO y del Bachillerato.

Se declaró así nulo, por ser contrario a derecho, el anexo V del Decreto 51/2018 por no incluir Religión en la oferta educativa de segundo de Bachillerato, contrariamente a lo que establece la Ley Orgánica 2/2006.

«La defensa de la Administración aquí demandada prácticamente despliega las mismas argumentaciones desautorizadas por el Supremo», señalaron los magistrados. «En ninguna parte del decreto, desde luego no en el preámbulo como habría sido pertinente, aparece cumplido el mandato contundente e inequívoco recogido en el artículo 34 ter.4 de la Ley Orgánica 2/2006», añaden.

Fuente: levante-emv.com

Estas organizaciones apuntan que sólo derogando los Acuerdos con la Santa Sede se podrá sacar la Religión del horario lectivo.

Europa Laica, sindicatos docentes y organizaciones que secundan la campaña 'Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la escuela", han cuestionado el plan del Gobierno para convertir en voluntaria y sin efectos académicos la asignatura de Religión, porque recuerdan que sin derogar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, tendrá que seguir impartiéndose en horario lectivo.

"Lo que se propone es religión o parchís", ha afirmado este viernes el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, en una rueda de prensa celebrada en Madrid, recordando la situación de asueto que provocó la implantación de la LOGSE, ley educativa de 1990, al dejar sin asignatura alternativa a los estudiantes que no querían recibir clases de Religión

"Dejar la religión sin asignatura espejo en horario lectivo es tener secuestrados en el centro a los alumnos que no quieran Religión porque otros sí quieren. Hay que sacar la asignatura de la escuela", ha sentenciado.

Las organizaciones que apoyan esta veterana campaña, con dos décadas de recorrido, han anunciado que solicitarán reuniones tanto con el Ministerio de Educación como con los grupos parlamentarios en el Congreso para promover una iniciativa legislativa que garantice "el imprescindible carácter laico" en la escuela pública "dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, del currículo y del ámbito escolar".

Para ello, estas organizaciones consideran imprescindible derogar el "preconstitucional" acuerdo de España con el Vaticano, pero también los acuerdos que posteriormente han permitido la entrada a los centros educativos de otras confesiones, además de la católica.

"Tenemos esperanza", ha asegurado el presidente de Europa Laica y portavoz de la campaña, al recordar que partidos como Izquierda Unida, que forma parte del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, es uno de los impulsores de esta demanda. Además, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, ha señalado, contempla la aprobación de una Ley sobre Libertad de Conciencia "que garantice la laicidad del Estado", se leía en aquel documento.

En el acuerdo de gobierno, ambas formaciones se comprometían además a que la asignatura de Religión pase a ser de carácter voluntario para los estudiantes, sin asignatura alternativa ni nota computable a efectos académicos. Algo que recoge el proyecto de reforma educativa preparado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, y que llegará en unas semanas al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite parlamentario.

Según José María Ruíz, de la Federación de Enseñanza de CCOO, el trámite parlamentario de la reforma educativa es "una oportunidad para avanzar en la laicidad del sistema educativo" a través de enmiendas, aunque augura la oposición de los partidos de derechas.

"No va a ser una etapa fácil, porque estamos viendo que la educación está en el centro de la batalla ideológica que plantea la derecho a, como hemos visto con el 'pin parental'. Es una oportunidad pero el camino no será fácil", ha reconocido.

Las organizaciones que están detrás de la campaña 'Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela', entre ellas las familias de estudiantes de CEAPA, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales o Redes Cristianas reclaman también que se deje de financiar con dinero público a los centros que segregan por sexo, y a la Iglesia a través de la educación.

Lo ha defendido Ángel Villagrán, de Redes Cristianas. "El cristianismo solo tiene futuro si se transmite de modo testimonial y se recibe de modo libre. Mientras sea impuesto y colocado como un forceps es un cristianismo que está llamado a desaparecer", ha asegurado este representante del movimiento crítico con la Conferencia Episcopal, que por encima de la fe defiende el derecho a la libertad de conciencia de los escolares.

"CULTIVA LA PAZ" es el nuevo trabajo de UNAI QUIRÓS como propuesta para el Día Escolar por la No Violencia (30 de enero)

!! Buena Siembra!!

  

Os dejamos también la Propuesta de materiales en PDF, así como el enlace al video:

• Propuesta didáctica

• Video "Cultiva la PAZ"

Agradecer a Unai Quirós sus exquisitos "frutos" musicales para la PAZ como de costumbre.

!! Gracias Compañero !!

Fuente: unaiquiros.com

 Maciej Klein

Lejos de querer contribuir al actual clima de alarmismo, quiero aclarar algunas cosas que se dicen hoy en día tan alegremente sobre la clase de religión y que nada tiene que ver con la realidad en los centros educativos. Los profesores de religión estamos realmente cansados de estar siempre en el punto de mira de la política, que no solo nos ha colgado el San Benito de todo el fracaso educativo, sino que, en sus luchas por el poder, se ha acostumbrado a utilizarnos para sus fines políticos.

Somos los que, muchas veces, pagan realmente el pato por las dudosas gestiones educativas de los distintos gobiernos. Parece que el problema de la educación en España es solo y exclusivamente la asignatura de religión, fuente de todos los males. Desde el restablecimiento de la democracia, tanto el PSOE como el PP han mantenido a la clase de religión como un arma arrojadiza para conseguir un puñado de votos. Nunca se ha abordado el problema educativo de manera global, nunca se ha querido llegar a un pacto educativo. Nunca se ha querido profundizar en los problemas educativos de verdad y se ha ignorado una y otra vez a los verdaderos protagonistas: padres y madres, alumnado y profesorado.

En materia de educación estamos acostumbrados a la imposición. Se imponen medidas fuertemente ideologizadas, según quien gobierna, no se escucha a los expertos, a los sindicatos, ni se dialoga lo suficiente con toda la comunidad educativa. La jerarquía de la Iglesia española, por su parte, también ha pecado por simpatizar demasiado con la corriente de un partido determinado y que a su vez le ha dado la espalda cuando le vinieron las santas ganas. Religión en la escuela no solo ha sufrido modificaciones o recortes por parte de la izquierda. La LOMCE del PP ha introducido cambios que han perjudicado a la clase de religión (recorte de horas en tercero de la ESO, poca claridad en la optativa de segundo de Bachillerato).

Clase de Religión

El debate profundo sobre la educación, cuya pequeña parte también es la cuestión de la clase de religión, no interesa a nadie. Parece que es mejor seguir con las peleas de patio de unos contra otros, mantener “el pulso”, polemizar, crispar, incordiar, buscar enemigos “en los otros” y poder decir siempre al final: “Ven, otra vez le hemos dado su merecido a la religión, esa maldita asignatura que tiene culpa de todo”.

Pero vayamos a las distintas mentiras que he escuchado sobre religión en la escuela y que a veces por verdadero desconocimiento se convierten en proclamas de unos y otros para la alegría de algunos. Los profesores de religión tenemos que lidiar a diario con desconocimiento, prejuicios, injusticias concretas, medias verdades o mentiras. Aquí una lista de algunas de ellas.

Primera mentira: “La clase de religión debería ser voluntaria”

Llama poderosamente la atención que en el mismo pacto PSOE-Podemos de hace unas semanas se creó esta confusión proclamando sin tapujos este fake, o lo que es una mentira de toda la vida: “Religión será de carácter voluntario para los estudiantes”. Impresiona también que enseguida todos los telediarios del país repitieran esta proclama hasta la saciedad sin cuestionarla siquiera.

Clase de Religión

Recordemos los hechos: La clase de religión desde la transición ha sido una asignatura de libre elección. Siempre, en los gobiernos de todos los colores. Es una realidad que existe desde hace cuarenta años. La afirmación “la asignatura de religión tendrá carácter voluntario” ya tiene vigencia y los alumnos disfrutan de este derecho a la libre y voluntaria elección de la materia desde finales de los años setenta. No así en la anterior dictadura franquista donde la clase de religión tenía un carácter obligatorio y su currículo poco tenía que ver con los contenidos que se dan en la clase de religión actual. El franquismo está superado, también en las aulas. La asignatura de religión no es, y nunca ha sido en democracia, una imposición.

Segunda mentira: “La clase de religión es adoctrinamiento”

La clase de religión tiene un carácter académico. Los contenidos sobre el cristianismo, y otras religiones que también se analizan, no se presentan con autoritarismo, nunca se pretende monopolizar la verdad. Es una clase que fomenta el debate, estimula un espíritu crítico, la interculturalidad, se fomenta el diálogo entre todos los alumnos de muchas nacionalidades.  Los profesores de religión somos muy sensibles a “no adoctrinar” y estamos muy comprometidos con los itinerarios de valores cívico-democráticos de nuestros centros. No era así, por supuesto, en la dictadura franquista donde el nacionalcatolicismo se presentaba como la única doctrina posible para los españoles. Pero repitamos: No estamos por fortuna en la España de Franco y la clase de religión de hoy es más heredera del Concilio Vaticano II con su apertura al mundo y de las actuales reformas del Papa Francisco que del nacionalcatolicismo rancio del franquismo.

Franco, los obispos y la cruzada

Tercera mentira: “Es catequesis y debe darse en la Iglesia y no en la escuela”

Es muy común escuchar que en las clases de religión se catequiza a los niños o peor todavía que se les manipula o se les obliga a rezar. Todos son prejuicios infundados. Es un ámbito escolar y aquí ni se recitan oraciones ni se “celebra la fe”. Su carácter es educativo, explicativo, formacional y por eso no es equiparable a la catequesis de la parroquia. Los profesores de religión son muy sensibles a distinguir estos dos ámbitos y se dedican con profesionalidad a dar clases con el debido carácter académico.

Cuarta mentira: “Los profesores de religión son catequistas de la parroquia y no tienen la suficiente preparación para dar clases en un instituto”

Falso. El profesorado de religión tiene que cumplir estrictos requisitos para poder impartir las clases. La titulación del maestro de primaria tiene que ser al menos una diplomatura en ciencias religiosas y el profesorado de secundaria debe poseer la licenciatura en teología. A parte de la preparación académica, deben demostrar su idoneidad con una formación didáctica obteniendo el título de la DECA. Esto no es todo: los profesores de religión deben pasar por un proceso de selección de cada diócesis que a su vez los propone a la administración educativa como expertos en la materia. El delegado de enseñanza de una determinada diócesis se esmera en escoger a los mejores profesionales, no solo a nivel teológico pero también y sobre todo a nivel pedagógico. 

clase de religión

La asignatura de religión está regulada en un acuerdo entre la Santa Sede y España. Está dentro de la ley, aunque no rara vez se la quiere presentar como ilegal o irregular. Es verdad que no hemos accedido a la profesión aprobando unas oposiciones pero también es verdad que nadie nunca ha planteado esta posibilidad. Somos un colectivo comprometido con la educación que no deja de formarse, aprovechando un amplio espectro de formación continua. La innovación educativa es una seña de identidad del profesorado de religión y nuestros compañeros en los institutos, quizás los únicos, saben apreciar este aspecto.

Quinta mentira: “En España existe una involución, no así en Europa donde la educación es laica y la asignatura de religión no se da”

También esto es mentira o desinformación. En el 80 % los países de la UE se dan clases de religión. De los veintiocho solo Francia y otros cinco más prescinden de la religión en la escuela, más por razones históricas que ideológicas. No obstante el gobierno francés ha creado una comisión que estudia introducir de nuevo la materia de religión en la escuela a raíz de numerosos casos de alumnado radicalizado y simpatizante de ISIS y otros grupos islamistas con las correspondientes consecuencias. La Francia del laicismo ha comprendido que sin una educación íntegra, incluyendo también el aspecto religioso, nuestro alumnado ya bastante vulnerable, es presa fácil de los fundamentalismos religiosos.

Laicismo

“Es una asignatura polémica por eso mejor eliminarla”

En la vida real de los centros educativos, religión en la escuela no sólo no es un problema a nivel práctico sino que los profesores de religión y la materia en sí son muy queridos y apreciados por las comunidades educativas de los colegios e institutos. La polémica es creada artificialmente cada x tiempo por los partidos políticos, siempre en relación con los cambios educativos. El asunto de la clase de religión se sobredimensiona, por razones puramente ideológicas. Se crea intencionadamente un problema casi inexistente. Es una polémica estéril, cansina y que responde más a la búsqueda de fines partidistas que al bien común de los ciudadanos. Aquí, por un puñado de votos, meten la pata políticos de todos los colores, no tan raras veces alentados por algún que otro prelado. La ciudadanía, sin embargo, como en muchas otras ocasiones, no percibe a la asignatura de religión como un problema. Las estadísticas hablan muy a favor de la clase de religión.

“¡Qué más da! La clase de religión es una “maría” y no sirve para nada”

Este “argumento” nos duele mucho a los que nos dedicamos a la enseñanza de esta materia, sobre todo cuando viene de alguien que supuestamente es una persona culta. La teología en España no se aprecia lo suficiente. Se la rebaja injustamente de categoría y se cuestiona su carácter académico. Mientras que en el norte de Europa un teólogo es considerado una voz eminente y muy reconocida a nivel social, en España te hacen saber sin tapujos que eres un poco más que un “vende humos” o en el mejor de los casos un vendedor de Biblias.

"La teología es una de las humanidades más completas con asignaturas que abarcan antropología, filosofía, psicología, historia, dogmática, derecho, y un largo etc"

La teología actual es sin embargo una ciencia profundamente humanista. Es una disciplina que está en un constante diálogo con la filosofía moderna y postmoderna. Es comprometida con lo social y con la ecología. Es una de las humanidades más completas con asignaturas que abarcan antropología, filosofía, psicología, historia, dogmática, derecho, y un largo etc. Sabemos de lo que hablamos y lo hacemos con dedicación.

Desde hace unos años se organizan jornadas de innovación educativa de los profesores de religión. Cuando nadie ha escuchado sobre trabajar en proyectos, nosotros ya lo hacíamos. Cuando las consejerías de educación no sabían incentivar trabajo en equipo y formación permanente del profesorado, nosotros ya nos reuníamos periódicamente y nos formábamos a nivel académico y pedagógico. Tenemos un currículo establecido y cumplimos con él. Es verdad que también lo criticamos porque a las autoridades eclesiásticas les pasa a veces lo mismo que a las políticas: que hacen los currículos sin contar con nosotros.

A mí personalmente me gustaba más el currículo de la LOE que el de la LOMCE. El segundo se hizo de prisa y es más dogmático, parte muy poco de los jóvenes y partir de ellos es fundamental. Los profes preparamos nuestras clases con mucha diligencia y mucho amor. Llevamos a nuestro alumnado al museo del Prado, les explicamos las tres religiones en la Alhambra, en la catedral y en el barrio judío de Granada. Las actividades complementarias y extraescolares forman parte de nuestras programaciones. No en vano escuchamos de nuestros alumnos: “Profe, fue en tus clases donde más pensé, más me podía expresar, más cosas me planteé por mí mismo, donde más utilicé mi espíritu crítico”. Si esto es una “maría”, bienvenida sea porque cada vez hay menos de esto en la educación de los Planes Bolonia y de las Pruebas Pisa.

'La Virgen del silencio', en una muestra del Museo del Prado

“La religión es oscurantismo, lo contrario a la ciencia; cuentan a nuestros niños que Dios creó el mundo en siete días”

Lo más escalofriante es escuchar esta frase a un compañero del instituto. Te ves obligado a explicar cosas que deberían ser obvias: que los profes de Reli no somos oscurantistas o unos negados de la ciencia o peor aún: creacionistas, como lo son algunas sectas evangelistas de EEUU. Pero ¿qué se va a hacer? Aquí te meten en el mismo saco.

Pido, por favor, a todos que están desinformados que no se preocupen y que no teman los contenidos de la asignatura de religión. No son la otra parte de la moneda de la ciencia. Aquí también somos científicos. Leemos los pasajes de la Biblia y los interpretamos, utilizando los métodos de la hermenéutica que hemos aprendido en las aulas de las facultades. La exégesis del Antiguo y del Nuevo Testamento la teníamos entre nuestras materias académicas. Por mucho que le pueda fastidiar a alguien, en clase de religión no contamos que la tierra sea plana.

"Por mucho que le pueda fastidiar a alguien, en clase de religión no contamos que la tierra sea plana"

“La Iglesia ya no tiene tanta influencia en la sociedad por eso “religión” debería salir  de la escuela”

Es curioso que este argumento lo rebaten las estadísticas que hablan muy a favor de la clase de religión. La asignatura la siguen eligiendo dos de cada tres alumnos y el porcentaje no baja. Solo en Bachillerato la cosa no sube de treinta por ciento pero es un tema muy complejo. Algo estaremos haciendo bien, si más de la mitad del alumnado nos sigue eligiendo.  Se podrá decir con la cabeza bien alta que nuestra asignatura es la más democrática, pues la eligen libremente los padres y los alumnos.

“En las clases de religión solo se habla del cristianismo pero se debería enseñar también contenidos sobre otras religiones”

En las clases de religión no solo hablamos del cristianismo. Es verdad que es una asignatura confesional y la presentación del cristianismo predomina pero los contenidos incluyen un pequeño recorrido por todas las religiones. Sobre todo se enfoca las tres religiones monoteístas, y no puede ser de otra manera porque la senda de la Iglesia es el diálogo interreligioso y la teología tiene ya desde hace muchos años un carácter ecuménico. Es importante que nuestros alumnos conozcan las similitudes y diferencias entre los distintos credos y sepan definir al creyente de todas las religiones. La gran sorpresa dentro del aula de religión es la comunión entre alumnos cristianos, musulmanes, judíos pero también alumnos con credos de tradiciones orientales e incluso agnósticos o indiferentes religiosos.

Inauguración de un colegio diocesano

Quiero concluir pensando en voz alta: Aunque siempre escucharemos muchas cosas confusas sobre la clase de religión, debemos estar esperanzados siempre, como nos enseña tantas veces el Papa Francisco, tener la mirada puesta en nuestros alumnos y en su desarrollo como personas; ellos y ellas son los más importantes. Su educación plena nos importa muchísimo.

¿Y la política? Esperemos con paciencia, démosle una oportunidad al nuevo gobierno, no seamos alarmistas, aboguemos por el diálogo. Por ahora con el proyecto de la LOMLOE se ha dicho que la “asignatura será de oferta obligatoria pero voluntaria y sin asignatura espejo”, o sea volveremos a la Ley Zapatero (LOE) respecto a la clase de religión. Esperemos que la senda siga por el diálogo social con todos los agentes, también en la educación. No necesitamos “salvapatrias” de ningún color político, necesitamos personas dialogantes. Lo que hace falta con urgencia en educación es más diálogo, más discusión sosegada, más consensos y sobre todo más escucha a los expertos en la materia educativa… porque hay muchas cuestiones que deberían ocupar los primeros puestos en ser abordadas y este puesto desde luego no debería ocupar la cuestión de la religión en la escuela.

Fuente: religiondigital.org

Argumentan, entre otras cuestiones, que ni se les avisó con 15 días de antelación para llevar a cabo la reducción de la jornada laboral

Ayer quedó visto para sentencia la vista judicial motivada por la denuncia de 30 profesores de religión católica e islámica de Melilla contra la decisión del Ministerio de Educación que en octubre llevó a cabo una reducción de su jornada laboral y el despido de tres docentes, en base a una sentencia del Supremo de 2010. Los afectados por estas medidas esperan que la justicia les dé la razón e incluso no descartan llevar a cabo movilizaciones.Según detalló a este Diario el profesor Alberto Vera, ayer se desarrollaron tres vistas relacionadas con las denuncias interpuestas por los profesores de religión de la ciudad contra el Ministerio de Educación. En la primera se vio el caso de un profesor que fue despedido; en la segunda, el caso de tres docentes que desde 2005 son personal público fijo; y en la tercera, el resto de compañeros con la categoría de personal laboral indefinido que se han visto afectados por la aplicación de la sentencia del Supremo de 2010 que les ha supuesto una reducción de la jornada laboral y de los emolumentos.

Desde su punto de vista el juicio, que ha quedado listo para sentencia, “se ha desarrollado más o menos como esperábamos”, en el sentido de que los abogados han expuesto sus consideraciones y el del Ministerio, las suyas. Por tanto, “nos queda esperar”, en especial cuando el Ceuta el caso se juzgó en noviembre y en Aragón en diciembre sin que se haya dictado aún sentencia. “No pensamos que nosotros nos vayamos a adelantar” a estas dos causas.

Apunta Vera que es la primera vez que asiste a un juicio y la percepción “no es ni buena ni mala, solo que la ley tiene matices y será el juez el que tenga que analizar toda la información que tiene antes de dar a conocer su sentencia, pero lo que esperamos es que se cumpla la ley y se respeten nuestros derechos”.

Según señala, el Ministerio no siguió con ellos lo que marca la legislación que señala que el recorte de la jornada laboral de un profesor “se tiene que hacer antes de que se inicie el curso” y a ellos se les comunicó el 20 de septiembre pero “sin notificarlo al comité de empresa y los sindicatos”. Además, no se cumplieron los 15 días de antelación que marca la ley, porque el 1 de octubre se hicieron efectivos los recortes y los despidos.

Se mostró convencido de que si este cúmulo de circunstancias se dieran en una empresa privada “le caería todo el peso de la ley” y se pregunta cómo ha podido pasar en el Ministerio de Educación, porque se está hablando de la administración central. Confían en que la resolución judicial pueda darles la razón y de ser así “tendríamos salvado este curso, pero nos preguntamos qué pasará en el siguiente”.

Explicó que los abogados que les representan han recurrido a dos vías, a la laboral y a la ordinaria, con lo que si la primera no prospera, acudirán a la segunda, aunque su conclusión se prolongará en el tiempo. “Vamos a esperar a que dicte sentencia el juez y en función de eso actuaremos, pero seguiremos haciendo ruido y tal vez con movilizaciones, con lo que haga falta, porque no estamos dispuestos a quedarnos quietos”, apostilló.

El apoyo de todos
Afirma este docente que los sindicatos se han posicionado al lado de los profesores afectados por esta medida ministerial “desde el principio”, así como las asociaciones de padres, y los partidos políticos con los que se han reunido en estos meses, incluyendo el PSOE. Lo que no entienden, es que ni la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ni el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, no hayan “tenido tiempo para recibirnos”, a pesar de las peticiones realizadas.

Fuente: melillahoy.es

La vicepresidenta primera se ha reunido con el Nuncio para comenzar a tratar el pago del IBI de la Iglesia y la modificación de la asignatura de Religión en las escuelas

Calvo destaca sus “muy buenas relaciones” con el cardenal Parolin y con Bergoglio, mientras los obispos continúan con las declaraciones beligerantes hacia el Ejecutivo

Roma no ve con buenos ojos la actitud de la Conferencia Episcopal, en especial tras la exhumación de Franco; de ahí que acepten el diálogo sin intermediarios

Es la mujer que marcará el futuro de las relaciones Iglesia-Estado en España, y está dispuesta a hacerlo sin dar mucho margen a los propios obispos españoles. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido este miércoles al nuevo nuncio del Papa, Bernardito Auza, y la reunión ha servido para escenificar una advertencia a la Conferencia Episcopal: este Gobierno puede saltarse la intermediación de los obispos españoles y negociar directamente con el Vaticano.

El encuentro, previsto como un saludo, se convirtió, antes de comenzar, en el arranque de las conversaciones para conseguir que la Iglesia católica pague el IBI o afronte cuestiones educativas como el futuro de la clase de Religión o los centros concertados. Así lo anticipaba a primera hora la vicepresidenta en los micrófonos de la Cadena SER. “Esta misma mañana, cuando salga de aquí, voy a recibir al nuevo nuncio. Tengo unas expectativas muy grandes”.

Durante la entrevista radiofónica, Calvo ninguneó expresamente a la Conferencia Episcopal, a la que citó solo una vez, y dejó claro que ella negociará con el nuncio y con el secretario de Estado, Pietro Parolin, con quien mantiene “unas muy buenas relaciones”.

Los obispos ya esperaban un cambio de tercio radical en la relación con el Gobierno desde que se anunció que su única interlocutora sería Calvo, que tuvo un papel importante en la conflictiva exhumación del dictador Francisco Franco. Las voces críticas se han elevado incluso antes de la formación del gobierno de coalición, y la Conferencia Episcopal se ha encargado de colocarse abiertamente en una posición beligerante. Su vicepresidente, el arzobispo Antonio Cañizares, cargó este mismo miércoles contra la posición del Ejecutivo sobre el veto parental. Aseguró que son los padres quienes educan y no la escuela: “Si no, todavía no hemos salido de los gulags”, lanzó.

Un antes y un después de la exhumación

“Hay un calendario de trabajo que ya le he comentado al señor Parolin, y que él sabe que vamos a cumplir”, destacó Calvo, que anunció a primera hora: “Hay una agenda importante que vamos a tratar, y vamos a empezar esta misma mañana”. El hecho supone una gran novedad en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia en España, puesto que tradicionalmente el Vaticano delegaba en los responsables de la Conferencia Episcopal cualquier negociación, a pesar de que todos los privilegios de la Iglesia católica están consagrados en un acuerdo internacional, suscrito entre el Estado Vaticano y el Español en 1979.

La dinámica, tras las palabras de Calvo, cambia radicalmente. A partir de ahora, los interlocutores parecen ser el nuncio en España y el secretario de Estado, Pietro Parolin. Sin embargo, fuentes de la Vicepresidencia apuntan que no se ignorará a los obispos y que Calvo mantiene buena relación con algunos de ellos de su etapa como consejera de Cultura en Andalucía, informa Irene Castro.

En cualquier caso, las difíciles relaciones entre la actual cúpula de la Conferencia Episcopal y el Gobierno, que vienen de lejos, han tenido su momento más álgido durante el tortuoso proceso que llevó a la exhumación de los restos de Francisco Franco. El Ejecutivo considera que, salvo excepciones (el cardenal Osoro, por ejemplo), los obispos españoles se pusieron de perfil, o directamente atacaron la decisión acordada por los tres poderes del Estado de sacar al dictador de Cuelgamuros. En medio del proceso, la propia Calvo dio el salto a Roma, donde se encontró en dos ocasiones con Parolin –hubo otro encuentro en Madrid, durante la COP25, ya con Franco en Mingorrubio–, y también tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco.

Línea directa con el Vaticano

La “magnífica relación” con Parolin de la que presume la vicepresidenta es la que el Gobierno confía que determine el debate sobre las cuestiones religiosas. Y aunque reconocen que no se puede marginar a la Conferencia Episcopal –”También tendrá que decir algo la Iglesia española, que es la que paga los impuestos en España”–, destacan que las próxima renovación de la cúpula eclesial puede cambiar el panorama.

Los obispos, mientras tanto, empiezan a meterse de lleno en su propio proceso electoral: en marzo deben elegir a un nuevo presidente de la CEE, y los posibles candidatos, especialmente del sector conservador, han comenzado a utilizar el miedo al gobierno –”marxista y comunista”, en palabras de Cañizares– para calentar los ánimos de las huestes católicas. Esta actitud no es vista con buenos ojos desde Roma; de ahí la aceptación al diálogo directo con la vicepresidenta.

Entre los temas a abordar destaca el de la fiscalidad de la Iglesia católica y, en especial, el pago del IBI. “Tenemos una propuesta de trabajo, que conoce Parolin, y que va a comenzar ya. Queremos que la Iglesia responda exactamente igual que en Francia e Italia, en aquello que no tenga que ver estrictamente con su función”, explicaba Calvo en la SER. ¿Qué supone esto? Que los templos dedicados al culto no paguen IBI, pero sí garajes, pisos y otras instalaciones no dedicadas específicamente al culto.

“Vamos hacia una nueva fiscalidad, mucho más justa, y eso lo sabe Parolin, que lo primero que me dijo fue que naturalmente que sí”, adelantó la vicepresidenta. Calvo apuntó a la necesidad de reflexionar sobre la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, y apostilló: “La Iglesia católica rinde cuentas ante el Tribunal de Cuentas, pero debe hacerlo sobre cómo administra esos fondos en función de los objetivos que atiende, no de otras cosas”.

La reforma educativa en marcha

Otro de los grandes temas que sobrevuelan esta tensa relación entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal es la reforma de la ley educativa, que apunta, entre otras cosas, a rebajar la categoría de la asignatura de Religión. “Tenemos algunas cuestiones importantes, el nuncio ya lo sabe”, deslizó Calvo. Y destacó que el Gobierno quiere participar en la ‘cumbre educativa’ que la Santa Sede ha convocado para mayo.

“Tenemos que sacar adelante algunos asuntos, y yo percibo buen ambiente, que lo tengo, no sólo con el señor Parolin, sino también con el Papa”, anticipó Calvo por la mañana. Y la sensación a la salida de la reunión no era menos optimista. Fuentes de vicepresidencia destacaron el buen ambiente y el entendimiento con Bernardito Auza, aunque rebajaron la expectativa sobre los avances de lo que calificaron como una fructífera “primera toma de contacto”.

La buena energía fluye en ambas direcciones. El mismo nuncio ha asegurado que el encuentro con Calvo ha resultado positivo. “La reunión ha ido bien, muy bien. Estoy contento”, ha asegurado Auza a eldiario.es. Los obispos, en cambio, evitan dar su opinión sobre el tema.

“El plan es seguir avanzando en las cuestiones que ya abordó en la reunión con Parolin: inmatriculaciones, cambio en la ley educativa y reforma fiscal”, resumen fuentes del Gobierno. Y apuestan de lleno a la sintonía entre las dos partes.

De hecho, en contra de lo que decían los programas electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos, no se ha hablado en ningún momento de la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado, y este asunto no se ha incluido tampoco dentro del programa de Gobierno de coalición. Otro tema ausente de momento es la publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, así como la financiación de los religiosos que trabajan en hospitales o en el Ejército

Fuente: eldiario.es

Javier Imbroda indicó que ha solicitado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que le reciba «lo antes posible»

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), indicó el jueves 16 de enero que esta misma semana ha solicitado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que le reciba «lo antes posible» una vez que ha sido confirmada su cargo en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que ha reivindicado la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.

Imbroda señaló que confía «que nos reciba lo antes posible, básicamente para informarnos y para saber qué medidas tienen ellos (el Ministerio) en su planteamiento».

Sobre la posibilidad de que la Religión deje de contar para la nota media del alumno, el consejero explicó que, «si eso fuera así, nos preguntaríamos por qué temen tanto a la libertad de las familias a poder decidir». Así, señaló que «da la impresión» de que desde el Gobierno de socialistas y Unidas Podemos «tienen un cierto prejuicio sobre familias que quieran elegir Religión o no», teniendo en cuenta que es algo «opcional, como es opcional elegir el sistema dual que tenemos en nuestra educación, público o concertado».

«¿Por qué temen la libertad, por qué temen que las familias puedan decidir la educación que quieren para sus hijos, por qué quieren que todo sea una manera uniforme, que todos piensen exactamente lo mismo?», se preguntó el consejero andaluz.

Manifestación

Mientras el consejero hacía estas declaraciones en Sevilla, en Granada los padres de escuelas se producía una manifestación y una huelga educativa, convocadas por Ustea, CGT y la federación de madres y padres Alhambra, para defender la continuidad de todos los centros educativos públicos, especialmente en las zonas rurales, y exigieron a la Junta de Andalucía un compromiso formal.

En la marcha, que recorrió distintas calles del centro de la capital granadina, participaron unas 7.000 personas, según los cálculos de Ustea, cifra que la Policía Local rebaja, a través de un portavoz, a unos 1.300 manifestantes.

En cuanto a la huelga, los sindicatos tasaron el seguimiento en el 75%, mientras que según datos oficiales, de 5.295 docentes convocados a la huelga, 101 la han secundado (1,9%); mientras que, de los 265 centros de Infantil y Primaria, se han producido incidencias relacionadas con la huelga en 38.

Fuente: abc.es

La asignatura de Religión pende de un hilo si se confirma el anteproyecto del Ejecutivo. Miles de docentes, muchos de edad avanzada, podrían perder gran parte de sus ingresos.

Más de 13.000 profesores de Religión en la enseñanza pública temen quedarse en el paro o empezar a malvivir con salarios de miseria si el nuevo Ejecutivo plasma en un real decreto-ley su intención de reducir la asignatura a migajas. Uno de los puntos del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos es que la religión deje de computar para nota y que deje de existir una asignatura espejo para los alumnos que no la quieran cursar. Sin computar y sin la obligación de ir a una clase alternativa, los profesores sospechan que van a impartir una asignatura muerta con las aulas vacías. Y en un trabajo en el que cobran por horas o por módulos de tiempo, según la comunidad autónoma, quedarse sin alumnos les llevará a la ruina.

La situación es complicada para estos 13.000 profesores, porque ningún organismo de peso los apoya abiertamente. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya les ha dicho indirectamente que les tiene en poca estima, y tampoco pueden apoyarse en los sindicatos mayoritarios para que velen por sus intereses. Si un profesor de Religión propone hacer otras labores dentro de su colegio o impartir otras clases para redondear su salario, antes debe superar unas oposiciones como cualquier miembro del cuerpo de docentes, advierten los sindicatos a este diario. Lo contrario sería inconstitucional, ya que discriminaría al resto de profesores, en especial los interinos. Que tanto Gobierno como sindicatos estén alineados en esta causa no es la mejor noticia para este colectivo profesional, que promete sacar las uñas para defenderse en los tribunales si se confirman los peores presagios.

“Vamos a tener muchas pérdidas de puestos de trabajo, de profesores que llevan más de 20 años en la función pública y que han demostrado a lo largo del tiempo, por las dificultades, ser unos docentes de talla mayor”, aseguró días atrás la coordinadora nacional de las Plataformas de Profesores de Religión en la Enseñanza Pública, Amelia Álvarez. “Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero constitucionalmente podemos ganar, porque no puede haber pedagógicamente una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar y calificar”, dijo Álvarez, que calificó de “problema ideológico y de ataque frontal a la Iglesia católica” el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición.

El Gobierno “no puede despedir masivamente a todo un colectivo sin ofrecer alternativas”

“Tendrá una incidencia grave en el número de horas trabajadas y en la reducción de sueldos. Ya vivimos una situación parecida durante muchos años en los que Religión no computaba para la nota [gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero], pero nunca había ocurrido que no tuviera asignatura alternativa. Es un escenario nuevo y no sabemos cómo nos afectará”, explica Jesús María Losada, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión (Feper). “Nuestro futuro está en manos del ministerio y de los sindicatos. Como no formamos parte del cuerpo de profesores, el Estado no tiene ninguna obligación con nosotros, en todo caso, tiene una obligación de tipo moral, no puede despedir masivamente a todo un colectivo sin ofrecer alternativas”. Losada sospecha que el nuevo Gobierno quiere anular los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sin romperlos: se sigue ofertando la asignatura de Religión pero en unas condiciones de clara desventaja respecto a las demás.

Obligados a pasar oposiciones

Consultados por este diario, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES) coinciden en que los 13.000 profesores de Religión los tendrán de su lado si se vulneran sus derechos laborales, pero nada más allá. De reciclarlos en otras asignaturas como Ética, Valores o en una especie de Religión 2.0, o introducirlos en las aulas como personal de apoyo a otros profesores, los sindicatos no quieren ni oír hablar.

“Habrá que ver de qué manera se puede reconocer el tiempo trabajado de estos profesores en la enseñanza pública y darles una solución dentro del marco jurídico”, afirma Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Un funcionario debe aprobar unas oposiciones y un interino pasar un proceso selectivo. Sería ilegal reciclar por decreto a estos profesores, porque cualquier interino podría acudir a los tribunales porque se ha vulnerado el principio de igualdad, y tendría razón. Aquí partimos de una situación muy difícil de resolver, ya que estos 13.000 profesores han sido seleccionados por una diócesis, no a través de un proceso selectivo estatal. Hay que reflexionar y estudiar una salida que se ajuste a la jurisprudencia”.

¿Y reconvertir Religión en una asignatura no confesional del tipo Cultura de las Religiones o una solución intermedia? “Nos encontraríamos con el mismo problema: esos profesores antes deberían aprobar unas oposiciones o superar unas pruebas. ¿Porque, cómo le explicas a un profesor interino de Filosofía o de Historia, o a un teólogo interesado en dar clases, que una persona que no ha pasado por ningún proceso selectivo ocupará esa nueva plaza a dedo? Hay muchos profesores interinos de 50 años y más que viven en condiciones de precariedad y no pueden ser menos que los profesores de Religión que se queden sin clases. Debemos encontrar una fórmula válida para todo el mundo”, insiste García Suárez.

Los profesores de Religión no son funcionarios, pero tienen plaza fija en los colegios. Tienen su propia regulación y están sujetos al Estatuto de los Trabajadores. A nivel retributivo, se equiparan a los funcionarios interinos, si bien el número de horas lectivas se ha ido reduciendo con el paso de los años. En la mayoría de comunidades autónomas, cobran en función de las horas trabajadas.

“Siempre vamos a defender a los trabajadores. Porque una cosa es nuestra posición sobre la salida de las religiones de las aulas y otra el efecto laboral que pueda tener esta decisión”, afirma José Ramón Merino, responsable de Política Educativa de STES. Sin embargo, matiza: “En este caso, hablamos de personal laboral ajeno a las juntas de personal docente. Las distintas diócesis, que son quienes proponen a estos profesores, deberían dar un paso al frente en la búsqueda de una salida al problema. Es personal laboral suyo. Igual que ha habido reconversiones en muchísimos sectores y se ha negociado la salida de esos profesionales, habrá que plantearlo con los profesores de Religión. Pero hasta que eso no ocurra, todo es especular”.

Las diócesis, que son quienes proponen a estos profesores, deberían dar un paso en la búsqueda de una salida

La raíz del problema siempre es la misma: son las distintas diócesis las que seleccionan a los profesores de Religión en los centros públicos, que pasan a ser personal laboral de la Administración pública en condiciones más o menos estables según cada comunidad autónoma. Por eso, defenderlos desde el plano de mérito laboral por parte de los sindicatos e incluso del resto de profesores que sí han superado unas oposiciones se hace complicado. Eso, claro, sin contar con el componente ideológico, que los profesores de Religión consideran fundamental en esta presunta caza de brujas por parte del nuevo Gobierno progresista. El Ministerio de Educación gasta cerca de 100 millones al año en salarios para los profesores de las distintas religiones en Educación Infantil y Primaria, mayoritariamente de religión católica, según datos oficiales.

“Ya sobrevivimos muchos años complicados con la LOE [2006-2013] e incluso antes. Aunque sí es cierto que entonces podías desempeñar otras labores en el centro educativo y ahora se está muy pendiente de que eso no ocurra”, explica María del Rosario Álvarez, responsable nacional de la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece). “Yo no sería alarmista ante esta nueva situación, de momento, solo es un proyecto de ley. Primero hay que ver qué pasa con ese acuerdo de gobierno, porque organizativamente es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Qué haces con los alumnos que no cursan Religión esa hora? No puedes mandar unos niños a casa a media mañana. Espero que el Gobierno no cruce la línea roja de poner las clases de Religión fuera del horario escolar, eso sería un escándalo y tomaríamos todas las medidas pertinentes. Existen fórmulas, como la que hace un año propusimos desde Apprece, un currículo integrado en el que unos alumnos puedan cursar Religión y Valores y otros solo Valores. Lo propusimos al ministerio y estuvieron muy receptivos”.

“Muchos creen que se está dando catequesis”, se quejó días atrás la responsable de las plataformas de profesores, cuando, según subrayó, el currículo de esta materia está aprobado por el Ministerio de Educación. También argumentó que la actual asignatura es “similar a los programas de más de 30 países desarrollados” y que ya es “de carácter voluntario”, pues los alumnos pueden optar por ella o por una alternativa. Dejar de ofrecer una asignatura espejo vulneraría, según el colectivo de profesores de Religión, el artículo 27.3 de la Constitución, que señala que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Ese artículo, junto a los acuerdos con el Vaticano, es la principal baja legal que emplearán los 13.000 profesores afectados si el proyecto de ley toma forma de real decreto en el Congreso.

Fuente: elconfidencial.com