El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha estimado un recurso presentado por el Arzobispado de Oviedo contra el decreto autonómico del pasado 30 de agosto, en el que se establecía el currículo de Bachillerato, por entender que discrimina la asignatura de Religión.
La decisión de denunciar este decreto se tomó al considerar que, tal y como estaba articulado, discriminaba a aquellos alumnos o familias que querían elegir libremente la asignatura de Religión en la escuela. “Con este decreto, los alumnos que cursaban la asignatura de Religión tenían que tener 31 horas de clase, mientras que sus compañeros tenían 30”, explica Miguel Ángel Solís, Delegado episcopal de Enseñanza.
“Así las cosas, aquellos alumnos que elegían cursar la asignatura eran prácticamente héroes, por lo que consideramos que se daba una circunstancia claramente disuasoria, porque además en casi todos los sitios se había situado a última hora, aspecto que dificultaba aún más la asistencia porque muchos alumnos tenían que coger el transporte escolar, e incluso se daban situaciones en las que les hacían ir por la tarde solo para esa clase”, describe el Delegado episcopal de Enseñanza.
La aplicación de este decreto durante este curso escolar que ya finaliza ha tenido consecuencias directas en la matrícula de la asignatura de Religión de libre elección pero de obligada oferta, según la ley. “Hemos pasado de 1.150 alumnos matriculados en Bachillerato en el curso 2021-2022, a 475 en este curso, es decir, menos de la mitad”, afirma Miguel Ángel Solís, que explica además, que en segundo de Bachillerato, donde la ley no ha entrado todavía en vigor, la cifra ha aumentado pasando de 1.100 matrículas a 1.400”.
En resumen, desde la Delegación de Enseñanza de la diócesis manifiestan que “no solicitamos nada mejor que los demás, ni pretendemos que se perjudique al resto de los alumnos, ni a los equipos directivos, ni a los centros. No queremos más, pero tampoco queremos menos, sino que la asignatura de Religión sea equiparable al resto de las asignaturas, como dice la ley, y se busque una articulación adecuada para que eso se dé, y no haya discriminación”.
No es la primera vez que, en Asturias gobernada por el PSOE, ha de buscarse la defensa de la asignatura de Religión en los tribunales, al entender que existía un trato discriminatorio a la misma. El abogado José Luis Lafuente es quien ha apoyado jurídicamente al Arzobispado en su defensa por el trato justo a la asignatura en la escuela.
En el fondo nada nuevo bajo el sol, una suerte de “día de la marmota” que se da cada vez que hay una una modificación legislativa. “Siempre que hay un intento de una nueva ley de educación se suelen producir estos problemas, sobre todo cuando es, como casi siempre ha sucedido, una iniciativa legislativa del Partido Socialista”, afirma. “El desarrollo mediante un decreto anterior al que sustituye este que recurrimos, también dio lugar en su día a que tuviéramos que recurrirlo”, reconoce. “En ese caso sí que la sentencia fue desestimatoria en el Principado de Asturias, pero nos lo estimaron en el Tribunal Supremo, en aquel momento precisamente la cuestión a debatir en Bachillerato concretamente, era que se establecía el cursado de la asignatura de Religión en Primero de Bachiller, cuando la jurisprudencia bastante consolidada es que tiene que darse en todos los cursos. Nos dieron la razón en ese sentido”.
La LOMLOE –ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación– es desarrollada reglamentariamente por reales decretos a nivel nacional, que aprueba el gobierno, a nivel de competencias básicas. De esos cuatro decretos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, tres de ellos están recurridos ya a través de la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos). Además, como las competencias en materia de educación están transferidas a las CC.AA., cada una desarrolla a su vez la LOMLOE mediante decretos aprobados, en el caso de Asturias, por la Consejería de Educación. Además del de Bachillerato, están también pendientes de decisión los decretos correspondientes a Infantil, Primaria y Secundaria, que están recurridos a su vez también por parte de CONCAPA.
“En mi modesta opinión, y desde el punto de vista jurídico, siendo consciente de que tienen juristas mejores que yo –afirma el abogado José Luis Lafuente– creo que la Conferencia Episcopal debía haber recurrido tanto la LOMLOE, aunque esta se ha declarado constitucional, por parte del Tribunal Constitucional encabezado por Cándido Conde Pumpido y sus compañeros, pero por lo menos haber recurrido los decretos de desarrollo, que es lo que nosotros estamos haciendo. No se ha hecho y estamos nosotros buscando la manera de hacerlo”.
Una situación que a nivel de otras diócesis españolas, es dispar. “Quizá por la edad de los obispos, muchos cercanos a la jubilación, o en otros lugares por pensar que el partido político gobernante en esa región iba a respetar los acuerdos verbales o el establecimiento de las normas adecuadas, ha habido distintos desarrollos –explica José Luis Lafuente–. Pero está claro que en Asturias somos punta de lanza porque nuestro Arzobispo, cuando ve que se le plantea un tema jurídicamente que pueda tener defensa y articulación en esta materia de impugnación de normas que puedan ser contrarias a la libertad, en primer lugar, y a la libertad de educación, en segundo lugar, siempre facilita la labor y nos anima a hacerlo.
Por otro lado, nosotros, modestamente, como abogados, a través de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, amparados por la Asociación Católica de Propagandistas, intentamos prestar asistencia jurídica tanto a diócesis, como a grupos de padres que quieren demandar al margen de actividades institucionales, en defensa de sus derechos como padres y en defensa de la Constitución. Luchamos por la libertad y por el mejor futuro de nuestros hijos”, afirma.
El futuro de la asignatura en Bachillerato para este próximo curso aún está en el aire. “Quien tiene que mover ficha es la Administración, y hasta que no sepamos los pasos que van a dar, no sabemos si habrá algún cambio o no –manifiesta el Delegado episcopal de Enseñanza, Miguel Ángel Solís–. Entendemos que tendrían que cumplir esta sentencia, pero ellos también pueden recurrir, así que habrá que esperar”.
Fuente: infovaticana.com
