- El gran acuerdo de Estado debe estar listo durante 2018 y va a condicionar toda la agenda educativa de este curso
- Gana fuerza la idea de llegar a acuerdos puntuales sin esperar a tener que aprobar la nueva ley
Si los políticos tuvieran más sentido común, deberían estar desde hace tiempo trabajando juntos en la reforma de la profesión docente. Tendrían que estar pensando en cómo poner en marcha el MIR educativo, en cómo incentivar mejor a los profesores o en cómo reforzar su formación para adaptar las metodologías a los retos del siglo XXI.
Todo el mundo está de acuerdo en que los docentes son el pilar del sistema educativo y en que los alumnos brillantes salen de los mejores maestros, pero parece que los partidos no se enteran y, a cambio, se enzarzan en viejas polémicas irresolubles, como el concierto educativo, la asignatura de Religión o las lenguas cooficiales.
El curso escolar comienza condicionado por estas cuestiones. El PP presentó en junio una proposición no de ley para pedir que varias autonomías socialistas garantizaran los conciertos y el PSOE, dolido, ha contraatacado anunciando tres proposiciones de ley reclamando que se retiren las subvenciones públicas a los centros de educación diferenciada por sexos, que la Religión no cuente para la media y que vuelva Educación para la Ciudadanía. Luz Martínez Seijo, responsable educativa del PSOE, ha anunciado un «otoño calentito» en materia educativa y el pacto de Estado se ha enfriado.
En la agenda de la política educativa de este curso sólo hay una tarea marcada con rojo: el gran acuerdo que, antes de que acabe 2018, hay que alcanzar en el Congreso, en el Senado y entre las comunidades autónomas. Dentro de este pacto, cuya negociación se pone en marcha a partir de este mes de septiembre, los puntos de los que más se hablará son los que menos afectan al aprendizaje. Y, también, los que más entorpecerán el consenso.
«Lo urgente en el sistema educativo español no es el tema de la Religión», insiste Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso. «Nos tenemos que tomar todos muy en serio el pacto y pedir responsabilidad a todos los partidos y al Ministerio de Educación para que se pongan las pilas».
Todo está supeditado a lo que salga del pacto. En el Departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo arguyen que así fue como se acordó y que el Gobierno no va a ponerse ahora por su cuenta a anunciar medidas y cambios legislativos. «No tiene mucho sentido cuando se está negociando en las Cortes», señala un portavoz.
Eso significa que las novedades de este curso saldrán directamente del Congreso. Y, para ello, hace falta que todos cedan. «Para derogar la Lomce y sustituirla por otra ley orgánica debe haber mayoría cualificada; es decir, 176 diputados que voten lo mismo», recuerda Mario Gutiérrez, presidente de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). «Yo creo que los únicos que pueden entenderse son PP, PSOE y Ciudadanos», aventura.
En la comunidad educativa son, por lo general, bastante escépticos en que se consiga algo similar a lo ya logrado con la violencia de género. Por eso cobra fuerza la posibilidad de que se vayan pactando asuntos concretos que podrían ir aprobándose de una forma más rápida, sin necesidad de esperar a la nueva ley educativa, que estaría lista, como pronto, para empezar a funcionar en el curso 2019/2020.
¿Qué temas son los prioritarios? Sandra Moneo, portavoz educativa del PP, pone en su lista el MIR educativo y la reforma de la profesión docente; el liderazgo de los directores; la modernización del currículo, y la autonomía de los centros.
Luz Martínez Seijo añade las becas y dice que «hay que hablar más de FP, y también de lenguas extranjeras, de la digitalización de las aulas y de que los alumnos adquieran una mejor competencia digital, así como de modernizar la metodología».
Los profesores mencionan también las oposiciones y la situación de los interinos y repiten que hay que mejorar la financiación, revertir del todo los recortes y quitar las medidas «provisionales» que se aplicaron durante la crisis, como el incremento de las horas lectivas.
Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), apunta que es «imprescindible» poner en marcha cuanto antes los planes de convivencia escolar y reformar los consejos escolares «para que sean órganos de participación democráticos».
De todo esto se tiene que hablar y todas estas cuestiones deben estar en el pacto, aunque luego sean la Religión o el duelo pública/privada los que acaparen el debate.
La eterna guerra por la asignatura de la Religión se ha intensificado desde 2015 por los cambios de gobierno que se han producido en varias autonomías. Los profesores asturianos denunciaban anteayer que las horas lectivas de la materia se han reducido hasta un 50% en Bachillerato, un 33% en Primaria y un 20% en la ESO. Lo mismo ha ocurrido en otras regiones gobernadas por el PSOE, que pide que la materia por lo menos deje de tener valor académico y de contar, por ejemplo, para pedir una beca. Eso supondría retornar a la situación que había con la anterior ley, la LOE socialista.
Y es en una vuelta a la LOE donde muchos expertos educativos creen que podría haber un punto de encuentro. Los obispos, en realidad, tampoco están muy conformes con el trato que la Lomce da a su asignatura en Bachillerato, ya que ya no es de oferta obligatoria, a diferencia de lo que ocurría con la LOE.
En cuanto a los conciertos, la irrupción de Podemos en la escena política ha hecho que el PSOE haga de este tema uno de sus caballos de batalla. Sobre todo pide «ser respetuosos con las competencias que las CCAA tienen a la hora de ofertar y de equilibrar las plazas entre la educación pública y la concertada». Es decir, más LOE.
Fuente: elmundo.es
