La Federación de Enseñanza de USO CV ha trasladado a los tribunales la batalla por el recorte horario de los profesores de Religión. Tal y como explicó la representante del colectivo, Mariví Iribarren, se ha presentado una demanda por conflicto colectivo al considerar que la Conselleria de Educación no ha tenido en cuenta los acuerdos vigentes que emanan del convenio, firmado con el anterior Consell.

La ofensiva se completa, por otro lado, con la presentación de un recurso contencioso administrativo en el Tsjcv por «vulneración de derechos fundamentales». Además, la Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales (Apprece-cv) también impulsará un conflicto colectivo al considerar que el cambio «afecta sustancialmente a las jornadas y retribuciones de los afectados, al haberse arbitrado unos criterios sin negociarse», en palabras del presidente, Antonio José Díaz. La previsión es presentarlo durante esta semana.

«Los recortes surgen de una imposición sin negociación y sin presentar datos al comité de empresa», señala Iribarren, quien recuerda que el 2 de septiembre se les informó de los cambios a aplicar en la plantilla mediante unas instrucciones. En síntesis, se ha modificado la forma de calcular las horas docentes necesarias en los centros públicos de Infantil y Primaria, lo que ha provocado reducciones de jornada e itinerancias entre escuelas para poder mantener el horario completo.

Según el sindicato, de un total de 840 profesionales, 180 tendrán jornadas parciales, «con contratos de siete, ocho o nueve horas», lo que ha supuesto «dejar a muchos profesores en precario», en palabras de la coordinadora del área del sindicato.

«Educación discrimina al profesorado por su programa político», denuncia la organización

Cuando desde USO y Apprece -las dos organizaciones representativas del profesorado- denunciaron el cambio aplicado, la Conselleria de Educación explicó en un comunicado que se habían detectado 2.000 horas duplicadas, lo que generaba un sobrecoste de cuatro millones de euros. Se aseguraba que había casos en que para dos clases de Primaria con pocos alumnos se empleaban dos profesores distintos, mientras que con los nuevos criterios se juntarán en una.

La versión de USO es distinta. La organización defiende que en arreglo al convenio la plantilla se configura en función de las unidades, como sucede con el resto de maestros, y lamenta que «de un plumazo la conselleria elimine del cómputo todas las horas de actividades lectivas que realizan los docentes». «Se les llama horas duplicadas para generar confusión, y lo cierto es que se está dispensando un trato discriminatorio al profesorado de Religión, fruto del programa político, sin importarles los afectados y sus familias, a los que están condenando en lugar de rescatarlos», añade.

Estas actividades lectivas que cita Iribarren se refieren a funciones que asumen los profesionales más allá del tiempo en el aula, como el cuidado de alumnos, la coordinación de comisiones de convivencia o Xarxallibres, la gestión de bibliotecas o guardias para sustituciones. Es decir, antes podían completar su jornada laboral con este tipo de responsabilidades, de las que ahora quedan excluidos. «Se les niega la posibilidad de ser un docente más del centro con toda la implicación que ello supone», sentencia.

USO ya ha presentado una demanda por conflicto colectivo y Apprece lo hará en breves

El sindicato también se muestra muy crítico con los argumentos de Educación. «Sorprende la hipocresía de la conselleria cuando a un recorte brutal de las jornadas y contratos de los docentes -el profesorado de Religión es de carácter laboral, no funcionarial- le denominan 'gestión responsable de los recursos', criterio que sólo se aplica a los docentes de Religión», añade la coordinadora, en el sentido de que es habitual en los claustros que los horarios lectivos se tengan que completar con estas funciones para llegar a la jornada completa.

Otra de las críticas del sindicato es que las formas utilizadas «eliminan la posibilidad de que los trabajadores afectados puedan cobrar la prestación por desempleo parcial como consecuencia de la reducción de la jornada», o que implicarán que «en caso de que los despidan en el futuro su indemnización se reduzca a más de la mitad». Hay que recordar que Educación defiende que no se ha acometido ningún despido con la nueva organización.

Por último, el sindicato denuncia que desde que empezó el curso todavía no se ha organizado ninguna adjudicación de puestos de Religión, que deben servir para mandar sustitutos a los centros en caso de notificarse una baja. Esto está provocando que a los alumnos no se les pueda ofrecer la clase. En los últimos días la organización ha realizado gestiones para tratar de encontrar una solución a este problema.

Fuente: lasprovincias.es

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