Como ya ocurrió en el 2016, cuando se originó el conflicto, los sindicatos de la Mesa General de Función Pública (CSIF, CCOO y UGT) respaldaron ayer a los docentes de Religión católica. Dos de los sindicatos de la mesa, CSIF y UGT, plantearon la opción de que, aunque no tienen consideración de personal docente, puedan hacer otras tareas en los centros educativos para evitar que pierdan horas de trabajo y sueldo, ya que cobran por horas. Por su parte, CCOO "se opone a que los docentes de Religión se les dé otras actividades porque eso va en detrimento del trabajo de otros profesores". Señala que defiende a los trabajadores cuando se vulneran sus derechos laborales pero recuerda que CCOO apoya una educación pública, gratuita y laica y considera que la religión debe estar fuera de la escuela.
La Asociación de Docentes de Religión de Centros Públicos de Extremadura agradeció ayer el apoyo sindical en la mesa donde se abordó el borrador del nuevo decreto de currículo que recorta dos horas semanales las clases de Religión católica, respecto a la carga lectiva de este curso. Los tres sindicatos se opusieron frontalmente «a los recortes laborales que pretende llevar a cabo la Junta», según explicaron desde la asociación de docentes de Religión, que estiman que alrededor de un centenar de profesores (son menos de 200 en Secundaria y Bachillerato) podrían verse afectados por los recortes de alguna forma.
Ante esta respuesta sindical, el colectivo pone de manifiesto «la profunda ruptura social que está provocando este intento normativo» y lamenta que la Junta «siga desoyendo» y «sigue en su posicionamiento ideológico sin moverse un ápice». En una nota de prensa, critica «la falta de consenso y de diálogo que cabría esperar por parte de la consejería».
Aseguran que tanto esta consejería como la de Hacienda y Administración Pública «se pasan la pelota» del problema laboral y reiteran que en la comisión las fuerzas sindicales han expresado «de manera clara y contundente» que los maestros y profesores de Religión son trabajadores a los que se les tiene que respetar sus derechos y contratos, evitando una mayor precarización de los mismos. A su juicio, se sigue desoyendo, ya no sólo a los docentes afectados, a los padres representados en asociaciones y a las matrículas que respaldan a la asignatura, sino que ahora se suman las fuerzas sindicales representativas de los trabajadores.
Por su parte, desde la Consejería de Educación señalaron ayer a este diario que la modificación del decreto de currículo de ESO y Bachillerato continúa su tramitación y hoy se abordará en la comisión permanente del Consejo Escolar.
Fuente: elperiodicoextremadura.com
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