La ministra de Educación ya sentó las bases de su gestión en el últmo año y medio
El golpe en la mesa que dio Isabel Celaá en el congreso de Escuelas Católicas, extemporáneo pero nada novedoso, diciendo que el derecho a la educación concertada no emana de la Constitución, fue considerado por muchos una defensa de su puesto en el Ejecutivo. Si fue esa la intención, la jugada le ha salido bien: Isabel Celaá (Bilbao, 1949), catedrática de bachillerato en Inglés, inspectora de Educación, exparlamentaria y exvicepresidenta del Parlamento vasco, exconsejera de Educación en esa comunidad y ministra española del ramo desde junio del 2018, ha sido confirmada en el puesto por La Moncloa.
En el último año y medio ha demostrado tener claras sus prioridades y conocer a fondo los problemas de la educación española, y tratarlo todo con la franqueza que se le atribuye a los vascos, matizada en su caso por el sosegado tono correcto de la pátina británica.
Si se apuesta por la continuidad con lo visto hasta ahora, y nada hace indicar lo contrario, Celaá va a basar su gestión en tres grandes asuntos: reformar la Lomce, apostar por la FP y poner orden en la profesión docente; y todo con la concertada de fondo.
REFORMA DE LA LOMCE
Inevitable. Parece inevitable que haya nueva ley, un remedo de LOE, una derogación de las reformas de la Lomce (algunas ya apuntadas por el Gobierno popular postWert) que se llevó al Parlamento (no dio tiempo a más) en febrero del 2018. Es la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) y el equipo de Celaá cree que puede estar aprobada definitivamente este mismo año.
Claves de la nueva ley. La Religión deja de ser asignatura académica (la nota no cuenta) y no tendrá materia espejo de oferta obligatoria; sí será obligatoria y académica una suerte de Educación para la Ciudadanía que ya aparece en la Lomce (Valores Cívicos y Éticos, de 5.º de primaria a 3.º de ESO); y desaparece la opción en 3.º y 4.º de ESO de Matemáticas Académicas (bachillerato) o Aplicadas (FP). Por supuesto, las reválidas pasan a la historia y hay otros cambios menos destacados como que se podrá titular en bachillerato con una suspensa (algo que ya ocurre en algunos casos).
En el nombre. El ministerio se llama de Educación y Formación Profesional no por casualidad. Celaá apuesta claramente por esta etapa, que tan buen resultado ha dado en el País Vasco. Ya se perfiló el Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, que pretende crear 200.000 nuevas plazas en cuatro años y sobre todo modernizar los títulos (habrá 80 nuevos). Galicia ya ha andado gran parte de ese camino.
PROFESIÓN DOCENTE
Es el otro gran asunto que interesa a Celaá. La formación inicial de los profesores (pruebas complementarias a la selectividad), su acceso a la función docente (algo similar al mir) y su formación permanente (carrera profesional). Diseñar un estatuto que recoja mejoras en estos tres aspectos es un objetivo claro, aunque no hay plazos.
Y LA CONCERTADA
De fondo. Es un asunto transversal que se va a convertir en el paisaje de fondo de esta legislatura.
Demanda social. En la ley se elimina la «demanda social», un término inventado por Wert para justificar, según sus críticos, la cesión de suelo público para crear colegios privados.
Religión. La rebaja de categoría de la asignatura de Religión da de lleno a los colegios concertados, ya que muchos (no todos) son religiosos.
Segregación y subvención. Se perfila como el gran problema de los próximos meses: está previsto eliminar el concierto a los colegios que segregan por sexo. Son muy pocos (en Galicia, 4 de 1.400) pero la medida seguramente será muy polémica.
Cobros ilegales. Los colegios concertados están en el punto de mira por cuotas obligatorias a las familias, algo prohibido por ley si no es por un servicio recibido. Hacienda también vigila estos ingresos, que muchas familias desgravan como donativo.
Fuente: lavozdegalicia.es
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