Padres, madres, alumnos, profesores, sindicatos y organizaciones educativas de todo color ideológico reunidos en elConsejo Escolar del Estado se han lanzado en contra (total o parcialmente) de la nueva ley educativa, con la que el Gobierno quiere revertir los cambios promovidos por el PP en la ley Wert. Es precisamente, el sesgo político de la nueva ley y el escaso papel de las familias lo que más preocupa a las organizaciones educativas, según las enmiendas que avanza ABC y se presentan este lunes a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.
Las organizaciones coinciden en la crítica a la supresión que el anteproyecto hace del párrafo H Bis del artículo 1 que aludía al «reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos». En este sentido, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) pide mantener este apartado asegurando que «es evidente que los máximos responsables de la educación de sus hijos han de ser los padres». Lo mismo dice la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) que, en otra enmienda, emplaza al Gobierno a recordar a los padres y no solo a centrarse en la obligación del Estado a asegurar los derechos de los niños. «Parecen olvidar que el Estado debe estar al servicio y tener en cuenta por tanto a las familias».
Las organizaciones también coinciden en pedir que se elimine del anteproyecto el párrafo que habilita a los centros a «ampliar el calendario escolar o el horario lectivo de áreas o materias». «Es un gran error. La conciliación familiar y laboral debe ser responsabilidad de toda la sociedad y no sólo del sistema educativo», critican desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. También se oponen a esta posibilidad el sindicato de profesores, Anpe y la Federación de empleados de servicios públicos de UGT (FeSP UGT). «La autonomía de los centros ha de ser potenciada pero en ningún caso esta autonomía puede dar lugar a la modificación de calendarios, horas lectivas y otras cuestiones estructurales», señala UGT.
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