La reforma educativa que prepara la ministra portavoz Isabel Celaá ha despertado la indignación de las familias católicas, que amenazan con tomar las calles como en los tiempos de Zapatero y con la misma intensidad con que la marea verde protestó contra Wert. Las propuestas del Gobierno para frenar el concierto, reducir el peso de la Religión o relegar la educación diferenciada por sexos han levantado ampollas en los colectivos agrupados en la plataforma Concertados, que representa a cerca de dos millones y medio de alumnos.
Sus representantes aún confían en que Celaá escuche sus reivindicaciones y logren llegar a un acuerdo, pero no dudarán en manifestarse y emprender una batalla judicial si la ministra mantiene su proyecto en los actuales términos. "Si sigue esta presión saldremos a la calle", advierte el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero. Estos son los principales puntos de fricción:
"Comisario político"
La propuesta de "modificar la composición de los consejos escolares de los centros concertados reincorporando al representante del Ayuntamiento" ha escocido en la escuela privada financiada con fondos públicos. José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, dice que esta figura es un "comisario político" para "controlar" la gestión de la dirección y supone una "intromisión inaceptable". El representante del Ayuntamiento está presente en los consejos escolares de la pública, pero la Lomce lo eliminó de la concertada.
Religión o tiempo libre
La Conferencia Episcopal acepta a regañadientes que la nota de Religión no vaya a contar para la media ni para pedir becas, pero no permitirá que deje de ser evaluable. Otra línea roja es la eliminación de la alternativa a Religión, que ahora es Valores. Los niños que no vayan a Religión tendrán Atención Educativa, una materia difusa, pues conlleva no avanzar en el temario. El Ministerio baraja que Religión se imparta a última o a primera hora para dejar tiempo libre a quienes no la cursen. Alvira considera que así se aboca a los alumnos a no escoger Religión. En Concapa temen, además, que en Bachillerato deje de ofertarse la asignatura de forma obligatoria.
"Coeducación"
Celaá quiere dar "prioridad" en el régimen de conciertos a los centros mixtos (la "coeducación") frente a los que separan por sexos. Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), recuerda que la educación diferenciada está avalada por el Constitucional y por la Unesco y avisa de que irán a los tribunales si se les discrimina en el régimen de conciertos. "Va a haber lío como no cambie esta reforma, que tiene un gran sesgo ideológico por la presión de los socios del Gobierno", advierte.
"Demanda social"
El escollo más duro de pelear va a ser el de la "demanda social", un término que el Gobierno quiere quitar de la Lomce y que permite que la escuela concertada amplíe plazas si así lo piden las familias. Gracias a esta especie de salvaguardia, los colegios han ganado en vía judicial todos los recursos que han interpuesto cuando regiones como Aragón o la Comunidad Valenciana han intentado reducir la oferta. Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), dice que la medida va en contra del artículo 27 de la Constitución porque "limita la libertad de las familias de elegir la educación que quieren para sus hijos". Alvira habla de "estatalización" de la enseñanza. "Si no nos escuchan, nos haremos escuchar", avisa Ladrón de Guevara.
Fuente: elmundo.es
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